El tema de la regulación es un tema muy discutido en el ámbito económico, existiendo diferentes puntos de vista; entre los cuales tenemos a autores que defienden la medida indicando que la misma es necesaria en casos de fallas del mercado; otros autores opinan que la regulación solo beneficia a ciertos grupos que la utilizan como herramienta para incrementar su poder o mejorar sus condiciones.
Analizando el caso de la regulación de precios de los subproductos de soya en Bolivia, podremos determinar si la medida es beneficiosa o no.
En 2008 el Gobierno emitió el DS 29524, el cual expresa en su parte considerativa la existencia de problemas de abastecimiento interno y elevación de precios de ciertos productos de la canasta familiar, entre los que se encontraba el aceite comestible. En 2010 se emitió el DS 0725, mediante el cual se implementan Certificados de Suficiencia de Abastecimiento Interno y Precio Justo para el grano y harina de soya, medida que busca asegurar prioritariamente el abastecimiento del mercado interno a precios justos (bandas de precios); y exportar los excedentes existentes. Posteriormente, mediante la Resolución Biministerial 002 de 29 de junio de 2011 se aprueban las primeras bandas de precios para: harina de soya solvente (torta de soya) y harina integral de soya, y posteriormente se incorpora la cascarilla de soya y el aceite refinado.
Esta medida de regulación de precios de harinas de soya se mantuvo hasta 2019; siendo abrogados sus decretos supremos por el gobierno transitorio. Posteriormente, con el gobierno del presidente Luis Arce la medida volvió a aplicarse.
Para entender la repercusión de la regulación del precio de la soya, se analiza la evolución de la producción y el comercio exterior de la harina de soya solvente en Bolivia; como también una comparación de precios en el mercado nacional y de exportación, antes y posterior a la medida asumida, y evidenciar si existieron cambios en el comportamiento del sector.
Analizando las exportaciones como porcentaje de la producción nacional, se puede observar que en un periodo previo a la regulación, 2000-2010, las exportaciones fueron superiores al 100%, la producción en promedio fue de 808.364 toneladas, en cambio el promedio de las exportaciones fue de 978.719 toneladas; es decir, la industria de la harina de soya solvente era destinada a la exportación. Para un periodo posterior a la regulación de precios, 2011-2019, se observa una producción promedio de 1.786.550 toneladas y exportaciones promedio de 1.458.961 toneladas, es decir, las exportaciones ya no eran el único destino, pudiendo destinarse alrededor del 18% al mercado interno, específicamente a los sectores avícola, porcino y lechero, y de esta manera generar mayor cantidad de alimentos y de mejor calidad para la población boliviana.
En lo que respecta a los precios, si comparamos los del mercado interno y los de exportación también se puede observar un cambio sustancial, siendo que en el periodo 2000-2010 el precio promedio de la harina de soya solvente en el mercado interno se encontraba alrededor de $us 245,6 / tonelada y el precio de exportación alrededor de $us 244,5 / tonelada, es decir, costaba más caro comprar torta de soya en el mercado interno que en el exterior. Posterior a la medida, los precios cambiaron, teniéndose promedios para el periodo 2011-2019 de $us 300,6 / tonelada para el mercado interno y de $us 355,6 / tonelada como precio de exportación. Este cambio también benefició a los productores en el país, mismos que pudieron adquirir harina de soya a menores precios y de esta manera incentivar la producción de alimentos en Bolivia.
Ante la interrogante de si la regulación es o no beneficiosa, debemos indicar que no se tiene una respuesta única, siendo que la misma depende de una multitud de factores, entre los cuales tenemos: el tipo de mercado, el tipo de producto y su encadenamiento con otros sectores, la fortaleza de la institución regulatoria, entre otros. Lo que sí se puede afirmar es que, considerando los factores antes mencionados, la regulación bien aplicada puede tener efectos benéficos en la economía de un país.
*Es ingeniero industrial.
