El Consejo, mediante su Resolución, también aprobó la estrategia de implementación del Registro Único de Violencia del SIPPASE.
El Consejo Sectorial e Intersectorial “Por Una Vida Libre de Violencia”, en su primera sesión de esta gestión aprobó una Resolución en la que define que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), y los gobiernos departamentales, promoverán la conformación de redes locales para fortalecer las acciones orientadas a erradicar la violencia en los municipios del país.
La Resolución, de acuerdo con un reporte institucional, es de cumplimiento obligatorio, también aprueba la implementación del Modelo de Gestión de Redes que lleva adelante el Ministerio, a través del VIO, desde la gestión pasada; y define, además, que las instituciones nacionales que son parte de la ruta de atención a víctimas de violencia, como el Ministerio Público, Policía Boliviana y Órgano Judicial, deberán articularse con las redes locales conformadas para fortalecer su funcionamiento y así garantizar a las mujeres y a otras poblaciones en situación de violencia, el acceso a la justicia.
El Consejo, mediante su Resolución, también aprobó la estrategia de implementación del Registro Único de Violencia del SIPPASE.
Para ello, los gobiernos departamentales y municipales deberán coordinar con esta cartera de Estado para lograr que el sistema, establecido en la Ley 348, tenga un alcance nacional.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, resaltó que es importante y fundamental establecer un trabajo articulado entre todas las instancias que forman parte de la ruta de atención a víctimas de violencia para fortalecer las acciones en la erradicación de ésta a través de la conformación de redes locales.
“De nada sirven los esfuerzos que hagan los gobiernos municipales si no tienen cerca fiscalías, si no tienen cerca al Órgano Judicial, si no tienen a disposición las oficinas del IDIF, médicos forenses o cámaras Gesell; y esta es una llamada de atención, si no se suman a esta articulación el Ministerio Público y el Órgano Judicial, de nada van a servir los esfuerzos que hagamos”, remarcó.
Las gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Pando, informaron de los avances en la implementación de la Ley 348, principalmente, en cuanto a los programas y proyectos en prevención de la violencia y la situación de las casas de acogida para víctimas de violencia.
La Policía Boliviana informó que, de enero a julio, se realizaron procesos de capacitación y especialización de 21.361 efectivos policiales para la correcta implementación de la Ley 348; asimismo, en el mismo periodo, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), recibió 25.092 denuncias de hechos de violencia, de las cuales 3.884 fueron registradas mediante intervención preventiva, y 61 casos fueron atendido de oficio.
A nivel nacional, la FELCV cuenta con 137 oficinas en 96 municipios a nivel nacional, desconcentradas en direcciones departamentales, direcciones regionales, direcciones provinciales y Estaciones Policiales Integrales (EPI).
El Ministerio Público estuvo ausente y no se conoció del trabajo que realiza en el marco de lo que dispone la Ley 348, por lo que entre los acuerdos a los que se arribaron, que fueron incluidos en la Acta de la primera sesión del Consejo, se recuerda a esta institución la obligación de participar en las sesiones de esta instancia.
Entre los otros acuerdos que se concertaron al final de la sesión, está que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Planificación coordinarán para incluir en el Sistema de Planificación del Estado (SPIE) las políticas, programas, proyectos y acciones de prevención de la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, y la atención y protección con enfoque integral e interseccional.
AEP/Redacción Central
