Es noviembre de 1778 y Katari exige del Virrey una respuesta, una solución, una esperanza. Él cree que puede cambiar el destino, la suerte de su pueblo. Tomás Katari, que es el jilakata de las comunidades de las tierras que después serán parte de Bolivia, marcha a pie 600 leguas (2.896 kilómetros) en dos meses y medio, con poca comida y sin descanso.
La Paz, 2 de agosto de 2023 (AEP).- Tomás Katari está cansado de reclamar a las autoridades coloniales de Potosí las injusticias de la Mita, del gran cementerio que son los obrajes, de los tributos abusivos y del reconocimiento a los títulos de tierra de los ayllus.
Tanto en Potosí como en la Audiencia de Charcas le advierten que no se atenderán sus quejas y que las disposiciones vigentes se impartieron desde Buenos Aires.
Como a nadie le importa sus reclamos, decide partir de Chayanta, en el norte de Potosí, a Buenos Aires.
Es noviembre de 1778 y Katari exige del Virrey una respuesta, una solución, una esperanza. Él cree que puede cambiar el destino, la suerte de su pueblo. Tomás Katari, que es el jilakata de las comunidades de las tierras que después serán parte de Bolivia, marcha a pie 600 leguas (2.896 kilómetros) en dos meses y medio, con poca comida y sin descanso.
La caminata no ha sido en vano y su misión tiene éxito. El Virrey Juan José de Vértiz le entrega documentos que favorecen a las comunidades indígenas.
Pero de re regreso a su región, y a pesar de traer un decreto de reconocimiento de los derechos de los indios y de su estatus como cacique firmado por el mismo Virrey, el 15 de enero de 1779 es detenido en Chuquisaca y el corregidor Joaquín Alois confisca los documentos oficiales y continua con el reparto forzoso de tierras expropiadas a los ayllus.
Chayanta se levanta, Katari es asesinado y las grandes sublevaciones indígenas serán una constante a partir de entonces.
En ese extraordinario momento, señala la historia, es cuando empieza la lucha por la tierra en el país.
La historia de Tomás Katari se conoce poco, pero es importante porque él camina hasta Buenos Aires para hacer aprobar los títulos de propiedad. Y los títulos de propiedad será, de ahí en adelante, una lucha constante de los pueblos indígenas originarios por recuperar sus tierras.
VIRREY TOLEDO
En 1573, durante la época de la Colonia, el Virrey Francisco de Toledo fue quien adoptó una serie de medidas administrativas que establecieron el pago del tributo en dinero en las provincias de la Real Audiencia de Charcas.
A partir de esa disposición la economía indígena sufrió una profunda y notable transformación que se había mantenido hasta las sublevaciones que convocó Tomás Katari.
Los tributos fijados por Toledo tenían aranceles muy elevados y la producción agrícola de los indígenas era insuficiente para cubrir por completo las obligaciones impositivas.
Además, el valor monetario de los productos nativos no alcanzaba a la tasa del tributo y la imposición monetaria fue tal que los indígenas se vieron obligados a la venta de su fuerza de trabajo para cumplir con el pago colonial.
LA REPÚBLICA
En 1825, con el advenimiento de la República, Simón Bolívar propuso resolver la situación de los indígenas a través de dos Decretos Bolivarianos: el de Cuzco y el de Trujillo.
Estos instrumentos legales tenían como objetivos la constitución de la propiedad privada, la institución del salario para todo aquel que trabaje, la abolición del tributo indigenal, y la supresión de la servidumbre.
Sin embargo, la política del Libertador fue vulnerable e inaplicable porque pretendió constituir la propiedad privada en base a la fragmentación de tierras de la comunidad que había sobrevivido a la Colonia.
Un año después, José Antonio de Sucre ordenó el cumplimiento de la Ley del 27 de diciembre de 1826 que, aparte de excluir a las comunidades del pago de la contribución directa, estableció las normas que debían cumplir los indígenas para solicitar la dotación o consolidación de tierras.
“El indígena que quiera adquirir en perpetuidad los terrenos que hoy ocupa, u otros baldíos, podrá pedirlos por escrito ante el gobernador de su provincia”.
Además, se estableció que las tierras dotadas a los indígenas no podían ser enajenadas hasta pasados los diez años.
Pero el abogado en derecho agrario y catedrático universitario Jorge Murillo Roca recuerda que, por decreto, en 1843, el general José Ballivián “desconoció los derechos de propiedad de los indígenas adoptándose una política discriminatoria”.
“Los miembros de comunidades indígenas fueron declarados simples arrendatarios, ya que el dominio directo de las tierras que usufructuaban correspondía al Estado”, dice Murillo.
El presidente José María Linares, por su parte, trató de consagrar libertades efectivas para los indígenas, dictando el 18 de enero de 1858 un decreto que prohibía a políticos, militares, curas y demás funcionarios públicos a hacer trabajar a los indígenas en servicios personales sin que mediare contrato y pago de servicios.
La política agraria del gobierno del general José María Achá – según Murillo – puede entenderse como la medida agraria que mejor comprendió el espíritu de los decretos de Bolívar.
SEXENIO MELGAREJISTA
Hasta antes del gobierno de Mariano Melgarejo dos terceras partes del suelo agrícola pertenecían a las comunidades indígenas. Sin embargo, esta realidad cambió drásticamente en los años posteriores, en el periodo conocido como el “sexenio” melgarejista, en el que se dictó la ley de ex vinculación por la cual se legalizó la venta de las comunidades y se esclavizó al indio en un proceso de despojo promovido desde el Estado.
Cuando se dicta la ley de ex vinculación de Melgarejo, en el fondo se refleja toda una tendencia regional, continental, de expansión de la hacienda.
La ley de ex vinculación de tierras disponía que, desde el momento de conferirse títulos de propiedad individual, la ley no reconocería a comunidades ni ayllus.
En mayo de 1876, Hilarión Daza, coautor de la insurrección que derrocó a la tiranía de Melgarejo, eliminó el régimen feudal melgarejista reivindicando las tierras comunales y restituyendo la libertad de los indígenas.
Expertos en el tema señalan que esta política es quizá el último intento por mantener un ordenamiento agrario democrático de Bolivia en el siglo XIX por su concepción orientada a proteger los derechos indígenas sobre la tierra.
Pero la historia señala que allí donde no había entrado la Colonia, durante la República, los terratenientes, con un modelo liberal, empezaron a expandir la hacienda.
“Por eso en Argentina se va a arrinconar a los indígenas”, como lo refleja el federalista José Hernández (1834-1886) en su poema Martín Fierro, considerado un clásico de su país, donde canta la independencia, el estoicismo y el coraje del gaucho.
O, en el otro extremo del continente, en México donde también se va a estrechar a la gente del campo hasta que, no hallando a dónde seguir retrocediendo, opta por la insurrección que culminará en la Revolución Mexicana.
Bolivia no es ajena a la corriente que sacude el continente y en la zona occidental del territorio que se mantenía ajena al Estado, como el Chaco, también se suceden la expropiación de tierras.
Por eso empiezan también –señala la historia– las rebeliones indígenas donde ocurre la gran masacre contra los guaraníes en 1892, en Kuruyuqui.
Y en la parte del norte del país ocurre algo parecido lo que provoca que los indígenas busquen su famosa “loma santa”.
En el occidente, sin embargo, se combinan dos formas de lucha por la tierra: la rebelión abierta que va a tener su expresión máxima en Zarate Willca y la lucha legal donde, siguiendo la memoria larga de Tomás Katari, las comunidades nombran a sus apoderados, personas que sabían leer y escribir, para que los representen y demuestren ante el Estado la legalidad de sus títulos de propiedad que la expansión de la hacienda se comía.
RÉGIMEN SEMIESCLAVISTA
En el lapso transcurrido entre 1880 y 1900 una gran cantidad de comunidades indígenas se convirtieron en latifundios y haciendas, se extendió masivamente la servidumbre en las zonas del altiplano y los valles del país, y los comunarios libres pasaron a calidad de colonos.
Durante este tiempo de dos décadas se estableció oficialmente en Bolivia el semi esclavista régimen de la colonia.
Durante la presidencia de Gualberto Villarroel se promulgaron cuatro decretos a favor de los campesinos, a través de los cuales se abolía el pongueaje y toda forma de servidumbre obligatoria o gratuita; ordenaba el pago por todo trabajo realizado; prohibía las exacciones y exigía a los hacendados instalar escuelas para la educación de los niños indígenas.
Estas medidas constituyeron un antecedente a la Reforma Agraria, a pesar de que ninguno de los decretos de Villarroel llegó a cumplirse.
Las rebeliones y la lucha legal continúan durante los primeros 50 años del siglo XX. En el primer caso se producen masacres como la de Jesús de Machaca, mientras que en el segundo los apoderados de las comunidades obtienen triunfos judiciales.
En debate de la tierra llega a convertirse en tema de primera línea y el primer sindicato agrario que nace en Cochabamba, en fundos que pertenecen a la Iglesia Católica, plantea que su propiedad debería ser para quien la trabaje.
Germán Bush toma en cuenta la corriente del debate y promueve la declaración del 2 de agosto como el Día del Indio.
En 1945 se crea la Federación Agraria Departamental que promueve en el altiplano paceño la toma de haciendas en Comanche, Sica Sica y el Tolar.
Todas estas etapas históricas confluyen y culminan el 2 de agosto de 1953 con la firma de la Ley de Reforma Agraria.
