Un reciente estudio develó que siete de cada diez transportistas fueron extorsionados por bandas.
1.493 asesinatos se registraron en Perú en lo que va del año, según cifras oficiales difundidas ayer, en medio de un gran descontento social y sus consiguientes efectos políticos y económicos.
La cifra equivale a más de cuatro asesinados por día, según el registro del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) y evidencia que el número de homicidios superará los 1.431 de 2023 y los 1.516 de 2022, hasta ahora la mayor cifra de la década.
De otro lado, un reciente estudio del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (Idehpuc) sobre la criminalidad precisó que siete de cada diez transportistas han sido extorsionados y son los más afectados, según las organizaciones de los afectados.
Con tal dato, se entiende que hayan realizado dos jornadas de huelga, un paro general de dos días y preparan una nueva paralización, por tiempo indefinido.
Bandas de chantajes
Las bandas de chantajistas cobran a las empresas de la construcción un promedio de 15.000 soles (aproximadamente cuatro mil dólares) mensuales, agrega el estudio dirigido por la experta Erika Solís.
Recoge también la estadística policial, según la cual solo uno de cada cuatro extorsionados denuncian, unos por temor y otros porque desconfían de la Policía, esto último, porque se han dado casos en los que el extorsionador se ha enterado de la denuncia y ha redoblado sus amenazas.
Añade que las extorsiones ocasionan pérdidas económicas por un monto estimado en seis mil millones de soles (aproximadamente 1.620 millones de dólares).
También indica que el 50 por ciento de los 23 mil dueños de bodegas de barrios pagan cupos a extorsionadores bajo la amenaza de asesinato, como en los demás casos.
Ante la agudización del problema, el Gobierno puso el 27 de septiembre bajo estado de emergencia a 14 distritos de Lima y a uno del vecino puerto del Callao y dispuso que la Policía controle las operaciones y las Fuerzas Armadas la apoyen.
El primer ministro Gustavo Adrianzén declaró hoy que el orden podría invertirse, de ser necesario.
Prensa Latina
