La fiscalía ha archivado la denuncia por genocidio, pues considera que los hechos no tipifican ese delito, aunque mantiene la denuncia en los extremos de presunto homicidio y lesiones graves.
El Ministerio Público de Perú archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio a razón de las muertes de civiles en protestas contra su gobierno en 2022 y 2023.
Sin embargo, la mandataria enfrentará en el Congreso peruano una denuncia constitucional por casos de “homicidio” y “lesiones graves” debido a las protestas que dejaron decenas de muertos en el inicio de su gobierno.
En 2023, la entonces fiscal general Patricia Benavides formuló una denuncia constitucional contra Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves a razón de los 49 muertos y decenas de heridos durante las protestas contra su gobierno.
Las protestas tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, y los ciudadanos demandaban la salida de la presidenta a través del adelanto de elecciones.
Las muertes fueron causadas por enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La fiscalía ha archivado la denuncia por genocidio, pues considera que los hechos no tipifican ese delito, aunque mantiene la denuncia en los extremos de presunto homicidio y lesiones graves.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, indicó que este archivamiento no significa que la presidenta o los ministros involucrados se hayan librado de responsabilidades penales.
El Ministerio Público señaló que investiga a unas 824 personas por delitos de entorpecimiento y atentados a los servicios públicos y medios de transporte público, disturbios, daños a la propiedad pública y privada “en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos”.
Boluarte ha negado las acusaciones de la fiscalía y afirma que en las protestas las FFAA actuaron de forma proporcional.
Sputnik/Agencias
