En las primeras semanas de su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump no ha parado de exhibir su poder político.
Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha ordenado la suspensión de todas las nuevas solicitudes de asilo, cancelado el reasentamiento de refugiados, congelado la contratación y el gasto del gobierno, vaciado parcialmente las agencias establecidas por el Congreso, tomado medidas para prohibir la transición de género en adolescentes y ofrecido un acuerdo de finiquito para cientos de miles de empleados federales.
El torbellino de acciones unilaterales, en línea con sus promesas de campaña, ha forzado los límites del poder presidencial, además de desatar una ola de impugnaciones legales de demócratas, sindicatos y juristas.
Los jueces han suspendido temporalmente algunas de sus decisiones más polémicas, como la propuesta para poner fin al derecho de nacionalidad por nacimiento, recogido en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Pero Trump sigue presionando y parece dirigirse a un enfrentamiento con el poder judicial que eventualmente podría llegar al tribunal más alto del país.
Esta semana, un juez de Rhode Island afirmó que el gobierno de Trump está desafiando clara y abiertamente su orden judicial de descongelar miles de millones de dólares en fondos federales.
La Casa Blanca respondió que "todas las acciones" que tomó el presidente fueron "completamente legales".
Si las órdenes de Trump llegan a la Corte Suprema de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que seis de los nueve jueces que la integran -incluidos tres designados por el presidente en su primer mandato- son conservadores.
El tribunal emitió el año pasado una decisión que declaraba a Trump, y a todos los presidentes futuros, inmunes ante un procesamiento judicial por decisiones oficiales tomadas durante su mandato.
Si bien esto ya fue una expansión histórica de la autoridad presidencial, algunos observadores han sugerido que las últimas medidas de Trump podrían formar parte de una estrategia para ampliar aún más sus poderes.
QUÉ PUEDE OCURRIR
Su decisión de congelar cientos de miles de millones de dólares en subvenciones federales y desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) entraría a primera vista en conflicto con el sistema de pesos y contrapesos del gobierno estadounidense.
El Congreso, y no la Casa Blanca, tiene la autoridad para controlar el gasto federal y los impuestos. Los legisladores también crearon USAID, y se han presentado demandas argumentando que Trump no tiene autoridad legal para desmantelar la agencia y negarse a gastar los fondos asignados por el Congreso.
Pero, si los tribunales superiores aceptan mantener algunas de sus amplias medidas ejecutivas, podría fortalecer su capacidad para transformar el gobierno y promulgar cambios de política sin la ayuda del Congreso.
Incluso aunque los tribunales fallen en contra del presidente, opina Ilya Shapiro, experto constitucional del Manhattan Institute, esas derrotas legales podrían ser políticamente ventajosas.
"Puede haber beneficios políticos en el hecho de ser desafiado en los tribunales e incluso perder en ellos, porque entonces puede competir contra los jueces y sacar provecho político", indica.
Sin embargo, hay otro escenario: Trump podría simplemente negarse a cumplir con las órdenes de cualquier tribunal que intente detener su ejercicio sin restricciones del poder presidencial.
En su alocución el martes en el Despacho Oval, el presidente insinuó que esta podría ser una posibilidad.
"Queremos erradicar la corrupción", afirmó Trump, "y parece difícil de creer que un juez pueda decir que no quiere que lo hagamos".
"Tal vez tengamos que analizar a los jueces", continuó. "Creo que es una violación muy grave".
BBC
