José Jerí asume la presidencia interina y promete enfrentar la delincuencia mientras el país atraviesa protestas, paros y una ola de violencia organizada.
El Congreso de Perú aprobó la madrugada de este viernes la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en un contexto de creciente inseguridad y violencia en el país. La decisión se tomó tras el respaldo de 122 legisladores a cuatro mociones presentadas por distintos bloques políticos.
El presidente del Congreso, José Jerí, asumió la Presidencia de manera interina, tal como establece la Constitución, y se mantendrá en el cargo hasta el 26 de julio de 2026. Jerí anunció un gobierno de transición enfocado en la reconciliación nacional, la lucha contra la delincuencia y la garantía de un proceso electoral transparente.
“La prioridad inmediata es enfrentar la inseguridad ciudadana, las bandas y organizaciones criminales. Debemos declararles la guerra para recuperar la paz y el orden en el país”, afirmó Jerí, después de llamar a la ciudadanía y a las instituciones del Estado a colaborar con la Policía y las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Boluarte defendió su gestión en un mensaje desde el Palacio de Gobierno, y destacó obras y proyectos en diferentes sectores sociales. Sin embargo, su discurso fue interrumpido debido a la transición de mando al presidente del Congreso.
La destitución ocurre en un contexto de creciente violencia y protestas. A finales de septiembre, colectivos juveniles como ‘Generación Z’ realizaron marchas contra la inseguridad, mientras transportistas convocaron un paro tras ataques y asesinatos vinculados al crimen organizado.
La crisis se agravó tras un atentado contra la banda de cumbia Agua Marina en Lima, que dejó cuatro heridos.
El Congreso señaló que la vacancia se fundamentó en supuestos actos de corrupción, abandono de funciones, uso irregular de viajes oficiales y la incapacidad para enfrentar la inseguridad, además de polémicas intervenciones estéticas durante su mandato. Boluarte no asistió a la sesión y cuestionó el proceso parlamentario por considerar insuficiente el tiempo para ejercer su defensa.
AEP
