Desde que el presidente adelantó las elecciones pasaron apenas tres meses para elegir candidatos, presentar propuestas e inscribir partidos.
En medio de actos de violencia política, más de 13 millones de ecuatorianos elegirán este domingo entre ocho candidatos a la presidencia. La candidata Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, es la favorita para asegurarse un lugar en la segunda vuelta, según las encuestas.
Las elecciones generales se realizarán en Ecuador con la expectativa de resolver quiénes serán los dos candidatos que pasen al balotaje, ya que ninguno de los sondeos en circulación da a alguno de los ocho postulantes el 40% de votos necesarios para ganar en primera vuelta.
Son unas elecciones inusuales, marcadas por la violencia política y la crisis de gobernabilidad que llevó al presidente Guillermo Lasso a adelantar las elecciones que debían realizarse en 2025.
Los asesinatos del candidato Fernando Villavicencio, del Movimiento Construye; y de Pedro Briones, dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana, generaron un clima preelectoral de incertidumbre y temor, dijo a Sputnik el analista político Carlos Onofre.
“El país está sumido en un escenario de miedo e inseguridad, que es responsabilidad del Gobierno”, advirtió Onofre.
Y aseguró: “Esto al Gobierno se le ha ido de las manos. Existen razones para entender por qué se ha llegado a esta situación”.
El presidente optó por disolver la Asamblea Nacional el pasado 17 de mayo y en el acto convocó a elecciones, además de que anunció que acortaría su mandato, una figura conocida como muerte cruzada.
Irresponsable
Ante la creciente violencia, el analista consideró “irresponsable” el decreto presidencial parar permitir la portación de armas de fuego.
“Pretender armar al pueblo es ya el reconocimiento de que no puede el Estado garantizar la seguridad individual. Ese es el mensaje”, consideró.
Con el decreto 707, el Gobierno de Lasso flexibilizó la tenencia y el porte de armas para que los guardias de seguridad privada puedan apoyar en tareas policiales. La llamada “cruzada por la seguridad” incluye a unas 120.000 personas que trabajan en empresas privadas, según el Ministerio del Interior.
Para Onofre, esta política se relaciona con una determinación gubernamental de achicar el Estado.
