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Omar Jarrín, procesado y testigo protegido del caso Plaga. Foto: Corte de Justicia Ecuador

Red de abogados y jueces liberaba a reos peligrosos

Producía certificados médicos falsos y les atribuía a los presos enfermedades como el VIH.

Una red de abogados, jueces, secretarios, policías y otros funcionarios públicos liberaban a reos peligrosos con la falsificación de QR, certificados médicos y otros documentos judiciales en Ecuador.

Los documentos falsificados eran para lograr que miembros de bandas como Los Choneros y Los Lobos accedieran a beneficios penitenciarios. Así lo reveló Omar Jarrín, uno de los procesados y ahora testigo protegido en su testimonio anticipado.

Testimonio

Según la Fiscalía, Jarrín, que en el momento de los hechos era un funcionario del servicio de cárceles (SNAI), habría aprovechado su posición para reclutar a presos y contactar a sus familiares y organizaciones delictivas.

La Fiscalía lo señala como un “colaborador clave en la organización, implicado en la obtención de la libertad” de los reclusos a cambio de dinero.

En su testimonio, rendido el 2 de septiembre, Jarrín reveló cómo a través de programas de edición y páginas de internet los miembros de la red falsificaban documentos judiciales y médicos.

Jarrín indicó que en la red de falsificación de documentos operaba Lenín Vimos, un abogado en libre ejercicio; Xavier Armijos, otro funcionario del servicio de cárceles, y Banny Molina, un exmagistrado que falló a favor del exvicepresidente Jorge Glas.

Mecanismo

Según indicó Jarrín, él llegó al SNAI en el segundo semestre de 2022 y trabajaba en la cárcel de Turi, en Azuay. Esa prisión es liderada por la banda narcoterrorista Los Lobos.

Para entonces ya había un mecanismo donde se sobornaba a jueces para obtener beneficios para los presos: “Me dieron el puesto de jurídico en la cárcel de El Turi (...) mis obligaciones se relacionaban con beneficios penitenciarios. Solamente era revisar los datos de las carpetas, verificar que estén en orden y enviar al juez”.

Para lograr beneficios para los criminales, la red producía certificados médicos falsos y les atribuía a los presos enfermedades como el VIH para que pudieran salir de la cárcel. Esto, según Jarrín, también era creado íntegramente por los ahora procesados.

Ecuador/Agencias


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