Se presume que al menos el 30% de combustible que comercializaba el surtidor fue desviado a actividades ilícitas.
La Paz, 30 de noviembre de 2023 (ABI).- En una estación de servicio en Achica Arriba, Viacha, se detectó el desvío de 10.000 litros de gasolina con destino a la minería ilegal en el norte de La Paz. Se presume que al menos el 30% de combustible que comercializaba fue desviado a actividades ilícitas, por lo que fue intervenido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y se activará un proceso penal.
La estación de servicio se denomina “Full Tank”. El director de la ANH, Germán Jiménez, informó de los resultados del operativo, en el marco de la lucha contra el contrabando y la política de fiscalización para garantizar que el combustible despachado de las diferentes plantas llegue al usuario final.
De acuerdo con información oficial, el 17 de noviembre se detectó en la estación de servicio, ubicada en la localidad de Achica Arriba, algunas irregularidades en la comercialización de carburantes. Una cisterna que le proveía del producto solo descargó parte del combustible y el resto era desviado a la minería ilegal en el norte de La Paz.
“Gracias al trabajo de la Central de Compra y Venta, y en el marco del decreto 4910, de lucha contra el contrabando de combustibles, hemos cruzado información de una cisterna que estaba siendo desviada de esta estación a actividades ilícitas en los Yungas de La Paz”, informó.
Según cronograma, el carro cisterna salió de la planta de almacenaje de Senkata a las 13.30 del 17 de noviembre con rumbo a la estación de servicio “Full Tank”. Debía arribar entre las 16.00 y 16h30 a su lugar de destino.
Personal de la ANH se presentó en el lugar para verificar el descargue del combustible y evidenció que solo depositó en los tanques 14.000 litros de un lote de 24.000 litros de gasolina.
“Haciendo el seguimiento se evidenció que la cisterna había sido desviada al norte de La Paz, probablemente para la minería ilegal en los Yungas”, explicó.
En cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos y el decreto 4910 se procedió a intervenir la estación de servicio y se notificó a YPFB para que pueda operar el surtidor como interventor mientras se desarrollen las investigaciones respectivas.
Mediante notaria de Fe Pública se procedió a la intervención y se hará la contabilización de los activos. Además, se iniciará un proceso penal para establecer responsabilidades, anunció Jiménez.
Se presume que al menos el 30% de combustible que comercializaba el surtidor fue desviado a actividades ilícitas.
