El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que “vamos a representar, vía Cancillería y por los mecanismos que tiene nuestra Comunidad Andina de Naciones”, el fallo andino.
La Paz, 28 de julio de 2023 (AEP-Digital).- El Gobierno de Bolivia realizará una representación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por el fallo que obliga a Bolivia a vender combustible a precio subvencionado a choferes peruanos.
Además, denunció que el magistrado boliviano Gustavo García Brito, quien votó en contra de los intereses nacionales, tiene una demanda planteada por la Cancillería debido a su irregular designación, en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, ante el Tribunal andino.
El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que “vamos a representar, vía Cancillería y por los mecanismos que tiene nuestra Comunidad Andina de Naciones”, el fallo andino.
El 17 de julio, los magistrados del Tribunal de Justicia de la CAN, García Brito (boliviano), Hugo R. Gómez Apac (peruano) y Fernando Zapata aprobaron la sentencia que ordena al “Estado Plurinacional de Bolivia (…) que en un plazo de 90 días, contado desde la notificación de la sentencia, adopte medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino”.
El gobierno de Perú inició una demanda contra Bolivia en octubre de 2020 porque, según los acuerdos, el país, supuestamente, incumple los principios de trato nacional, no discriminación, y libre competencia en la comercialización de combustibles.
Bolivia vende diésel y gasolina a precio diferenciado a vehículos con matrícula extranjera. En febrero de 2015, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció que el precio por litro para vehículos con placa extranjera de diésel y gasolina sea de Bs 8,88 y Bs 8,68 ($us 1,27 y $us 1,23), respectivamente.
Mientras que el precio subvencionado de esos dos combustibles es de Bs 3,72 y Bs 3,74 bolivianos (unos $us 0,53 dólares en cada caso) para los vehículos bolivianos.
Lima afirmó que el Gobierno respeta “el criterio del Tribunal Andino”, no obstante, reafirmó que “vamos a activar los mecanismos, a través de nuestra Cancillería”.
Al respecto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, consideró, en Cadena A, que se debe “evaluar y ver cómo se puede apelar” la sentencia, “porque, evidentemente, la subvención es para vehículos y para transportistas bolivianos, no para extranjeros”.
Por otro lado, Lima reveló que el magistrado García Brito, designado por el gobierno de facto de Áñez, enfrenta en la actualidad un proceso penal activado por la Cancillería.
“La Cancillería le ha iniciado un proceso penal por una serie de tipos penales en relación a la asunción de su cargo, no ha habido una decisión del pueblo boliviano, de un plenipotenciario, que pueda presentarlo como candidato y ese proceso está actualmente radicado contra el juez del Tribunal Andino que representa a Bolivia y también contra los jueces suplentes”, explicó.
Este proceso continuará, “porque queda claro que esta persona ha sido, como muchos de los elegidos por la gobernante de facto, una persona que no tiene conciencia y que ha decidido actuar en contra de su país y generar un problema sin fundamentos, sin argumentos y de una forma expresamente contrariamente al derecho”.
Para el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, la mandataria de facto no tenía “los poderes, no tenía la plenipotencia necesaria para designar” a García Brito.
Lima reveló que García Brito “ha presentado su renuncia al Tribunal Andino de Justicia”, aunque no precisó la fecha, sin embargo, dijo que muestra que es “una persona que está totalmente descalificada”.
