El Gobierno reitera que no tiene la facultad de derogar ni modificar normas con rango de ley, ya que es tuición de la Asamblea Legislativa.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, alertó de que la movilización multisectorial convocada contra la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 podría terminar favoreciendo a contrabandistas de alimentos, en lugar de resolver los problemas que enfrenta el sector productivo.
En declaraciones a Bolivia TV, Silva explicó que el Gobierno subvenciona diversos elementos para fomentar la producción nacional, desde combustibles y semillas hasta fertilizantes, con el objetivo de mantener bajos los costos de los alimentos para los consumidores. Sin embargo, este esfuerzo estatal es aprovechado por los contrabandistas.
“Es muy cómodo para un contrabandista comprar un pollo en 15 o 20 bolivianos aquí, y venderlo en 35 o 40 bolivianos en el extranjero. Lo mismo sucede con el gas licuado, que compran a 22,50 bolivianos y revenden en Perú a precios de hasta 100 bolivianos. El contrabando inverso está afectando gravemente a nuestra economía”, sostuvo el viceministro.
Silva lamentó que los sectores movilizados no hayan optado por el diálogo a través de la reglamentación de la disposición séptima, que busca proteger los bolsillos de la población a través de la regulación de los controles para evitar el contrabando a la inversa.
Advirtió de que el paro nacional convocado no resolverá el problema.
“La disposición séptima lamentablemente no está siendo así entendida y, más al contrario, está siendo utilizada políticamente, porque de lo contrario hubieran venido al diálogo y no gestar un paro nacional que no va a solucionar nada; sino, más al contrario, va a perjudicar a la población y va a proteger de alguna manera a estas personas que se dedican a ese tipo de comercio ilícito, que es la exportación ilegal o el contrabando al inversa”, dijo Silva.
Aclaró además que el Ejecutivo no tiene la facultad de derogar ni modificar normas con rango de ley, ya que esa competencia recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
DISPUTA EN EL SENADO
El viceministro denunció que el proyecto de ley presentado para derogar la disposición séptima ha sido distorsionado por sectores políticos en el Senado.
“Se ha desnaturalizado la demanda de los gremialistas e industriales. Este proyecto aprobado en el Senado es totalmente inconstitucional y atenta contra la política económica del nivel central”, advirtió.
Silva afirmó que el Gobierno reiteró su disposición al diálogo y ratificó su compromiso en la lucha contra el contrabando.
AEP
