Autoridades del sector de pensiones exteriorizaron su preocupación por las medidas de presión en contra del proyecto de norma y aclararon que éste tiene el propósito de mejorar los ingresos de los jubilados.
La Paz, 10 de abril de 2024 (AEP). – El Ejecutivo destacó ayer que el proyecto de Ley 035 de Incremento a la Pensión Solidaria de Vejez busca generar impactos positivos en el plano económico de las familias de los jubilados y en el social, porque preserva la salud de los trabajadores de 65 años. Calificó ayer de preocupantes las medidas de presión en contra de dicha norma.
“Estamos muy preocupados por las medidas de presión que han establecido, lamentablemente, algunos dirigentes ante un proyecto de ley que es muy loable, que tiene un impacto positivo, un impacto económico en las familias de los jubilados y un impacto social porque preserva la salud de los trabajadores de 65 años”, afirmó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, en conferencia de prensa.
La Comisión Nacional de Salud (Conasa) comenzó ayer un paro de 72 horas en rechazo a este proyecto de ley con el argumento de que busca una jubilación forzosa a los 65 años.
El proyecto de norma modifica los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, establecidos en la Ley 065 de Pensiones y sus modificaciones. Se encuentra en la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Tiene el objetivo de mejorar el monto de la Pensión Solidaria de Vejez de los asegurados que hicieron aportes relativamente bajos, permitiendo una vejez digna en su etapa adulta mayor.
Apaza señaló que hay interpretaciones erróneas de parte de la dirigencia del sector salud respecto a la Disposición Adicional Única del proyecto. “Hay bastante desinformación e interpretaciones erróneas de algunos dirigentes que han utilizado como excusa esta disposición para oponerse al proyecto de ley”, dijo.
La disposición indica que los trabajadores accederán a un examen médico para su continuidad laboral, no obstante Apaza enfatizó en que ello no será una limitante para seguir trabajando.
“Si el examen médico indica que ese trabajador tiene plenas facultades para seguir desarrollando su actividad en su fuente laboral a esa edad de 65 años o más, pues va a poder seguir trabajando porque el derecho al trabajo está garantizado en la Constitución Política del Estado, así como el derecho a recibir una pensión de vejez”, explicó.
En cuanto a los beneficios del proyecto, actualmente la Pensión Solidaria beneficia a cerca del 70% de los jubilados con el Sistema Integral de Pensiones (SIP). “Es ese 70 por ciento el que va a recibir un incremento, en función a los años de aporte y también, por supuesto, los nuevos jubilados, aquellas personas que están en pleno trámite en la Gestora Pública de su pensión de jubilación”.
Según Apaza, los beneficiarios serán aquellos jubilados que tenían salarios bajos, por debajo de Bs 6.000, y cuya limitación no permitió que tengan un ahorro previsional importante para su jubilación, “es ahí donde entra el Fondo Solidario para equilibrar la balanza en favor de las personas con menores ingresos”.
Para la modificación de los límites solidarios, se elaboró un estudio matemático actuarial para respaldar “plenamente” la sostenibilidad del Fondo Solidario, “y permitirá mejorar la calidad de vida de los jubilados”.
OIT recomienda evaluar la decisión de jubilarse o seguir trabajando a mayores de 65 años contra el proyecto de ley
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda evaluar la decisión de jubilarse o seguir trabajando a la edad de 65 años, dio cuenta ayer el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza.
“La OIT, a través del convenio 102 sobre Seguridad Social, de la cual Bolivia es parte, establece en el artículo 26 que la edad prescrita (estamos hablando de la edad de jubilación) no deberá exceder 65 años, sin embargo, la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país”, leyó Apaza.
Indicó que en este convenio la OIT recomienda a nivel internacional que las personas de 65 años evalúen “si ya les conviene jubilarse o de repente quieren seguir trabajando, es por eso que se puedan medir las capacidades, es importante un examen médico”.
Por ello, el proyecto 035 plantea el examen médico por parte del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), que tiene más de 60 años de vida y que brinda servicios de medicina de trabajo, exámenes médicos para certificar la salud del trabajador antes, durante y después de su actividad laboral. “Además evalúa y califica las incapacidades derivadas de lesiones propias del trabajo, entonces es importante entender que es un instituto especializado en medicina del trabajo”
Según datos de la OIT, cada año fallecen en el mundo 2,4 millones de trabajadores por temas relacionados a enfermedades profesionales, que no fueron detectadas oportunamente.
En el mundo, los países que actualmente establecen un límite en la jubilación desde los 60 años son España (67 años), Paraguay (65), Argentina (65) y México (60).
Viceministro Silva: El rechazo al proyecto de ley debe gestionarse ante la Asamblea Legislativa
Verificación del paro protagonizado por el sector salud, ayer.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, quien hizo ayer un recorrido por los centros de salud verificando el perjuicio a la población con el paro de 72 horas determinado por Conasa, cuestionó la medida y señaló que este rechazo debe presentarse ante la Asamblea Legislativa, porque allí se encuentra dicho proyecto de norma.
“Si bien es cierto, ellos no están de acuerdo con el proyecto de ley de jubilación, hay los mecanismos legales para que hagan conocer esa su protesta, ese su rechazo. Actualmente está ese proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, existen mecanismos de cursos constitucionales para dejar sin efecto el proyecto de ley”, planteó la autoridad en rueda de prensa.
Cuestionó la medida que utiliza el servicio de salud como factor de presión para dejar sin efecto el proyecto de Ley 035, perjudicando así a personas de sectores vulnerables. “Lamentablemente estos paros, esta amenaza permanente y constante por parte de alguna dirigencia médica ya no responde a los intereses del sector de salud, sino que este es un interés estrictamente político”.
El 25 de enero, luego de un intenso debate y tratamiento, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto que modifica los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, establecidos en la Ley 065 de Pensiones.
Posteriormente, el proyecto de norma fue remitido al pleno de Diputados para su tratamiento.
Pese al rechazo a una posible aprobación del proyecto por parte de algunos legisladores de Creemos, la diputada Deisy Choque, secretaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados, descartó que se obligue a la jubilación forzosa a los 65 años y aclaró que, al contrario, la norma garantiza una jubilación digna, “ya que una persona podrá jubilarse a los 58 años con un fondo solidario, con una renta mayor a la que realmente se calcula”.
“Que no se malentienda que aquí hay una obligación forzosa, si lo que ha existido es la solicitud de la Central Obrera Boliviana, porque hay sectores que a los 65 años están cansados; entendemos que los médicos terminan sus estudios prácticamente a los 40 y 50 años para atender mejor a los pacientes y son capital humano que nos sirve mucho a la sociedad”, explicó Choque.
En tanto, la Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia pidió el lunes a las autoridades de Gobierno y de la Asamblea Legislativa que “de una vez por todas” se dé una solución al conflicto, ya que también resultan afectados por el paro de salud de 72 horas, pues no reciben atención médica y sus cirugías fueron reprogramadas.
“Esto genera mayor preocupación en los jubilados, nosotros más dependemos de la salud; es inevitable, hay que dar una solución de una vez por todas porque nos afecta”, dijo el secretario ejecutivo de la organización, Cristóbal Araníbar, en declaraciones a Gigavisión.
