La suspensión de exportaciones responde a la necesidad de estabilizar el abastecimiento y evitar la especulación en el mercado interno.
La medida implementada por el gobierno del presidente Luis Arce, de suspender temporalmente las exportaciones de aceite refinado, ha generado resultados positivos en el mercado interno. Según un verificativo reciente realizado por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor (VDDUC), el precio del litro de aceite ha disminuido de Bs 17 a Bs 14, garantizando un acceso más asequible para los consumidores bolivianos.
La suspensión de exportaciones responde a la necesidad de estabilizar el abastecimiento y evitar la especulación en el mercado interno. El Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, integrado por diversas instituciones gubernamentales, ejecuta operativos permanentes para identificar irregularidades en la cadena de distribución y controlar los precios.
El viceministro de Industrialización, Luis Siles, señaló que el incumplimiento por parte del sector industrial en la distribución del producto fue un factor determinante en el alza de precios.
“Verificamos que había producción suficiente, pero el último eslabón, el mayorista, no estaba recibiendo el producto. El incumplimiento de los industriales nos faculta para aplicar sanciones y garantizar el abastecimiento en el mercado interno”, afirmó Siles.
Al respecto, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, explicó que las industrias oleaginosas no cumplieron con el acuerdo anual establecido para garantizar la entrega de aceite al mercado local. Ante esta situación, el Gobierno activó la suspensión temporal de exportaciones como medida inmediata.
“Este convenio, firmado al inicio de cada gestión, establece compromisos claros. Al no evidenciar el cumplimiento, sugerimos priorizar el mercado interno mediante la suspensión de exportaciones”, señaló Lacoa.
La reducción en el precio del aceite es una muestra del compromiso del Gobierno con la estabilidad económica y el bienestar de las familias bolivianas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar precios justos, combatir el agio y proteger el poder adquisitivo de la población en un contexto desafiante para la seguridad alimentaria.
La Paz/AEP
