A partir de esta decisión, es un delito extraer, intentar extraer, almacenar o portar mercancías sin el permiso correspondiente, con una pena de 10 a 14 años de cárcel.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que el gobierno del presidente Luis Arce reglamentó la Ley 100 mediante un decreto supremo, estableciendo cuatro medidas clave para evitar el contrabando de exportación.
“El gabinete de ministros aprobó un decreto supremo que reglamenta la Ley 100, con el objetivo de controlar el tránsito ilegal de alimentos en la zona de seguridad fronteriza y, de esta manera, contribuir a la prevención del contrabando hacia países vecinos”, señaló el ministro Huanca en conferencia de prensa.
Con esta normativa, el gobierno del presidente Arce busca garantizar la estabilidad de los precios y el abastecimiento de alimentos a precios justos para las familias bolivianas.
El decreto supremo establece que el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad implementará cuatro medidas clave para frenar el contrabando a la inversa.
Lista de productos
La primera medida establece la elaboración de una lista de productos prioritarios para que sean protegidos, entre los que se incluyen el arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, cerdo, huevo, papa, verduras y ganado en pie.
Certificados
La segunda medida señala la otorgación de certificados de abastecimiento en áreas fronterizas para controlar el traslado de volúmenes suficientes de alimentos y garantizar el abastecimiento en las zonas de frontera.
Registro de proveedores
La tercera acción consiste en crear un registro de proveedores únicos para la distribución y comercialización de alimentos en las poblaciones fronterizas, con el fin de asegurar un control efectivo.
Oficinas regionales
La cuarta establece que el Ministerio de Defensa gestionará la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en los municipios fronterizos.
El viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, advirtió de que, luego de la promulgación del decreto, se restringirá el tránsito de alimentos hacia las áreas fronterizas. “A partir de ahora es un delito extraer, intentar extraer, almacenar o portar mercancías sin los permisos correspondientes”, señaló Lacoa.
El ministro Huanca precisó que quienes incurran en este tipo de delitos podrán enfrentar penas de prisión de entre diez y 14 años, además del decomiso de las mercancías y la confiscación de los instrumentos utilizados en el delito
“El Gobierno está implementando esta medida para cuidar la economía del pueblo boliviano”, subrayó Huanca.
La Paz/AEP
