La dirigencia amenazó con acortar el mandato de Arce y planteó adelantar las elecciones generales.
La demanda del transporte pesado de abastecimiento de diésel ha derivado en la exigencia de la “renuncia inmediata” de cuatro altos funcionarios del Gobierno y la amenaza de interrumpir el mandato constitucional del presidente Luis Arce.
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, calificó esas acciones y el paro del sector con bloqueo nacional de carreteras y vías urbanas para el jueves 1 de agosto como medidas orientadas a “un golpe de Estado”.
El transporte exige como condición para entablar el diálogo, precisamente, la renuncia del Montaño, de su colega de Hidrocarburos, Franklin Molina Ortiz, del presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, y del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez.
Además, la dirigencia amenazó con acortar el mandato de Arce y planteó adelantar las elecciones generales.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, cuestionó las drásticas medidas de presión que “provocarán daños a la economía nacional” y señaló que bloqueando las carreteras o bajo amenazas de acortamiento de mandato “no va a aparecer el diésel”.
COMBUSTIBLE
El combustible para Bolivia está parado desde hace varios días en cuatro buques petroleros en puertos chilenos, pero factores climáticos impiden que se lo pueda descargar.
De acuerdo con el viceministro de Transporte, Enrique Ponce, dos buques llevan cada uno más de 84 millones de litros de diésel, un tercero tiene 44 millones de litros de gasolina y el cuarto lleva 36 millones de litros de crudo.
También indicó que las barcazas que transportan combustible por la hidrovía Paraguay-Paraná no han podido ingresar por “el bajo nivel de agua” y que hay otra carga parada por bloqueos de carreteras en el sur boliviano.
En las últimas horas el Ejecutivo conformó un Comité Interministerial para atender el problema de abastecimiento del diésel en el país.
AEP/Mac
