La medida se enmarca en los acuerdos del Gobierno nacional con el sector privado durante el año pasado.
En un esfuerzo por impulsar la producción de biodiésel en Bolivia, el gobierno del presidente Luis Arce ha anunciado la eliminación de los aranceles a la importación de maquinaria y bienes de capital destinados exclusivamente a la implementación de plantas productoras de biodiésel.
“Esta medida asegura que las empresas que importen maquinaria para la producción de biodiésel no tendrán que pagar el gravamen arancelario correspondiente”, explicó Marcelo Montenegro.
Según el ministro, este mecanismo fue acordado en el marco de los compromisos del Gobierno con el sector privado, con el objetivo de facilitar la inversión en la industria de biodiésel.
La decisión del Gobierno se alinea con su estrategia para fortalecer la capacidad productiva nacional con la sustitución de importaciones.
El gobierno de Arce busca así proporcionar un marco favorable para las empresas que deseen instalar o expandir sus operaciones en este sector.
La exoneración de los aranceles para maquinaria especializada es una muestra del interés del Ejecutivo por reducir los costos que implica la subvención de hidrocarburos y disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados.
Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
El 6% de las utilidades de los bancos y pymes será destinado a la función social
En una nueva medida de distribución de recursos para el bienestar social, el gabinete del presidente Luis Arce aprobó un decreto supremo que establece que el 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y las pequeñas y medianas empresas (Pymes) será destinado a la función social.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que esta medida es parte de la reglamentación de la Ley 393 y se inscribe dentro de los esfuerzos del Gobierno para promover la justicia social y mejorar el impacto de la actividad económica en el desarrollo del país.
“Las utilidades netas de los bancos múltiples y Pymes han alcanzado los 336 millones de dólares, superando incluso los niveles previos a la pandemia. De esta cifra, el 6 por ciento será destinado a la función social, aunque aún se definirán los sectores específicos o fondos que se beneficiarán directamente de este aporte”, detalló Montenegro.
El 6% de las utilidades que serán canalizadas a la función social se alinea con el principio de redistribución de la riqueza, en el cual el sector financiero contribuye a financiar proyectos que mejoren la calidad de vida de la población, especialmente en áreas como salud, educación, infraestructura y asistencia social.
La Paz/AEP
