El Gobierno insiste en el diálogo con el sector.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, acusó a los empresarios del sector productivo de defender a “delincuentes contrabandistas” o de hacer política por su rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). El sector productivo empresarial rechazó las invitaciones del Gobierno a un diálogo.
“No sabemos si lo hacen intencionalmente para proteger y fomentar a la delincuencia, a las organizaciones criminales que se dedican a cometer el delito de contrabando a la inversa, sacando productos de la canasta familiar y afectando en la oferta en el mercado interno, pero principalmente afectando en el precio de los productos en el mercado nacional, o están apostando en un escenario estrictamente político”, dijo Silva en una entrevista con Bolivia TV.
Silva explicó que la disposición séptima no alcanza al sector productivo legalmente establecido, menos al comercio minorista.
La normativa está diseñada “para combatir actividades ilícitas que cometen algunas personas que almacenan grandes cantidades de productos, no para abastecer el mercado interno, sino para sacarlo vía contrabando hacia Brasil, Argentina, Perú y que está generando actualmente un incremento de precios de productos esenciales de la canasta familiar”, dijo Silva.
Reiteró la apertura al diálogo como política de Gobierno.
AEP
