Según normativa, el denunciante de un hecho de contrabando recibe el 20% de la mercancía comisada y 40%, si la denuncia proviene de una comunidad o pueblo.
De acuerdo con Torrico, los promotores de la amenaza de un nuevo bloqueo son del “sector empresarial”, aglutinada en la Cámara de Transporte, en su intento de proteger sus negociados.








