En menos de tres días, jueces liberaron a Jeanine Añez, Camacho y Pumari, ignorando informes internacionales.
Crece el rechazo a las determinaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en menos de tres días permitió que jueces liberen a Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari de al menos cuatro procesos, sin considerar los informes de la GIEI ni de otros organismos internacionales que se pronunciaron sobre los hechos de 2019.
El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, expresó su preocupación por la aparente parcialidad del sistema judicial boliviano y cuestionó la reciente instrucción del TSJ sobre la revisión de las detenciones preventivas en el caso Golpe de Estado I.
“La justicia tiene que ser imparcial, no puede favorecer ni perjudicar por razones políticas”, enfatizó. Asimismo, pidió que cualquier cambio en la administración de justicia sea aplicado con equidad y no se utilice para garantizar impunidad a determinados actores.
Desde Cochabamba, la diputada Olivia Guachalla denunció una abierta instrumentalización de la justicia por parte del presidente del TSJ, quien habría emitido una instructiva sin consultar a sala plena. La legisladora anunció que presentará una denuncia por violación de derechos humanos contra dicha autoridad. Acusó, además, a los jueces de incurrir en prevaricato por liberar a los acusados en el caso.
Desde La Paz, la senadora de Comunidad Ciudadana, Daly Santa María, sostuvo que la reciente actuación del TSJ confirma la manipulación del sistema judicial boliviano. “Hay más de 30 mil personas con detención preventiva, y ahora hablan de ‘debido proceso’ solo para algunos. No es justo”, criticó. Consideró que los recientes fallos ponen en evidencia la selectividad con la que opera la justicia, según conveniencias políticas.
La ciudadanía también alzó su voz. En Santa Cruz, familiares de detenidos en el penal de Palmasola denunciaron que la justicia actúa con favoritismo hacia quienes tienen poder político y económico. “Es injusto, mi hermano lleva un año preso y ni siquiera tuvo una audiencia. Mientras tanto, a los políticos los liberan en cuestión de días”, expresó una de las denunciantes, quien reflejó el malestar de muchas familias bolivianas “ante una justicia que no actúa con el mismo criterio para todos”.
Eddy Condori, exejecutivo de la Fejuve El Alto, pidió investigar a fondo los hechos violentos de 2019 y recordó que hubo víctimas mortales que aún no han recibido justicia. “Si la detención de Añez fue injusta para algunos, ¿por qué no se investiga con la misma profundidad a los responsables de las muertes? La justicia debe llegar a todos por igual”, cuestionó.
Mientras el país observa con desconfianza la actuación del sistema judicial, varias voces coinciden en una demanda clara: una justicia que garantice imparcialidad, que no sea utilizada como herramienta política y que actúe con el mismo rigor para todos los ciudadanos, sin excepciones ni privilegios. La crisis de credibilidad en las instituciones judiciales sigue creciendo, y con ella, la exigencia de una reforma profunda y real.
AEP
