El proceso quedó paralizado desde abril y un proyecto del Senado desahució las elecciones judiciales este año; en tanto, el TCP demora en emitir su fallo.
La Paz, 05 de diciembre de 2023 (AEP). – Restan 25 días para que los magistrados cesen en sus funciones y la respuesta del TCP a la consulta del TSJ se deja esperar. Mientras, en el Legislativo esperan allanar una salida y la Defensoría del Pueblo exhorta a garantizar el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.
Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo “exige al Estado a través de sus tres órganos (Judicial, Ejecutivo y Electoral) y en su condición de garantes del efectivo ejercicio de los derechos de las y los bolivianos, a que en el marco de los principios”, establecidos en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado (CPE), “propongan y materialicen una solución a la elección de autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional”.
La institución exhorta, además, que la solución no solo “garantice los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva ante una inminente vacancia de altas autoridades judiciales, sino el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante un proceso transparente, participativo, íntegro e inmediato”.
TCP
Asimismo, llama al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a resolver de manera inmediata la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley 144, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024.
Este proyecto, observado por ser inconstitucional, fue aprobado en el Senado, que desahució que las elecciones judiciales se lleven a cabo este año.
Proceso paralizado
Desde el 13 de abril el proceso de preselección de candidatos a magistrados fue paralizado, luego de que la Sala Constitucional del Beni concedió la tutela de un amparo constitucional.
La Asamblea aprobó otro reglamento, pero el 17 de abril el diputado de la opositora Creemos, Leonardo Ayala, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra del proceso de preselección y este, nuevamente, quedó paralizado.
El Gobierno, a través del viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, rechazó emitir un decreto y responsabilizó al Legislativo de no cumplir con sus deberes. Entretanto, esta instancia busca allanar una solución lo más apegada al mandato constitucional.
Dos recursos y demoras que pararon la elección
El 13 de abril, la Sala Constitucional del Beni concedió la tutela en un amparo constitucional y dejó sin efecto el reglamento y convocatoria para la preselección de candidatas y candidatos a las elecciones judiciales de 2023 aprobado por la Asamblea Legislativa.
Luego de retomar el proceso con un nuevo reglamento, el 27 de abril nuevamente se paralizó la preselección, esta vez porque la opositora Creemos presentó una acción abstracta ante el TCP.
El TCP admitió el recurso y luego de cuatro meses de demora en el fallo, concedió la acción a Creemos y el 31 de julio declaró inconstitucional el reglamento de convocatoria a la preselección de postulantes a las elecciones judiciales y ordenó que la Asamblea apruebe una ley por dos tercios para estas.
Esperan reencauzar el proceso
El Gobierno nacional espera que en los siguientes días el TCP dé su fallo sobre la consulta constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acerca del proyecto 14, ley transitoria para las elecciones judiciales, aprobado en el Senado, y así se reencauce el proceso en el país.
El fallo debía conocerse el 23 de noviembre, pero el TCP determinó ampliar su sentencia hasta diciembre. En tanto, las propuestas que se manejan en la Asamblea Legislativa quedaron descartadas por el Ejecutivo.
