Convocan al compromiso y reflexión política. En tanto el presidente de Diputados deslindó responsabilidades.
La Paz, 03 de mayo de 2024 (AEP).- El defensor del pueblo Pedro Callisaya exhortó a todos los actores políticos y al Estado a dar una solución a la permanente suspensión del proceso de preselección de candidatas y candidatos a las elecciones judiciales.
“Debemos evitar el uso perverso de las formas democráticas (…) Llamamos a la responsabilidad de todos los actores políticos, las autoridades, el Estado en sí mismo, para que den una solución a esta situación”, declaró el Defensor del Pueblo.
El 30 de abril se hizo pública la decisión de la Sala Constitucional Primera de Pando que concedió la tutela a acción popular presentada por la dirigente indígena Yeni Duri, que reclamó una supuesta discriminación en el caso de la postulante inhabilitada Mineya Lucindo, hecho por el que en la parte resolutiva se dispuso que se deba proceder a un nuevo proceso de preselección de candidatos de elecciones judiciales.
La autoridad defensorial señaló que desde la pasada gestión la Defensoría del Pueblo advirtió de la necesidad de actuar con mucha prudencia en el tema de las elecciones judiciales, ya que “el mensaje que están dando los actores políticos a la población no es de fortalecimiento del mecanismo democrático, según una nota de prensa de la institución.
Análisis político
Sobre el tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aseguró que la Asamblea Legislativa no tiene responsabilidad alguna por la anulación del proceso de preselección de candidatos a autoridades judiciales.
Al contrario, cuestionó la determinación asumida por la justicia constitucional y denunció que existe una “mano negra en la Asamblea Legislativa que frena la toma de decisiones para el tratamiento y la aprobación de proyectos de ley en beneficio del pueblo boliviano.
Las elecciones judiciales, en su criterio, ameritan “un análisis de fondo”.
No es la primera vez que la justicia constitucional frena el proceso en el Legislativo. Es más, la gestión pasada se truncó en dos ocasiones la preselección, incluso los comicios judiciales previstos para diciembre.
Ahora, una acción popular presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri frenó el proceso cuando éste estaba en plena evaluación de méritos.
