Los proyectos fueron remitidos por el Ejecutivo para garantizar la protección de la niñez y adolescencia. Dos fueron aprobados en la comisión de Diputados, pero aún falta en el pleno.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no solo están bloqueados créditos, el estancamiento de normas —aplicado por los seguidores de Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho— afecta también a proyectos contra abusos sexuales, infanticidio, además de la asistencia familiar, un derecho constitucional en Bolivia.
En abril, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 055/2023-2024 “para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar” en favor de las niñas y niños adolescentes.
La propuesta fue remitida en agosto de 2023 por el presidente Luis Arce, pero hasta ahora no se aprueba, pese a que estuvo en agenda en varias ocasiones en el pleno de la Cámara de Diputados, lamentó la diputada y presidenta de esa comisión, Olivia Guachalla.
“Lamentamos que el presidente de la Cámara de Diputados no sesione para abordar este proyecto que también es importante, pues se trata de proteger los derechos de la niñez del país”, remarcó Guachalla en entrevista con Ahora El Pueblo.
La futura norma busca garantizar el pago de las pensiones que por derecho le corresponden a un niño, niña o adolescente. El proyecto establece sanciones contra el progenitor infractor; por ejemplo, restringe la posibilidad de que el padre o la madre deudor acceda a créditos bancarios, establece un control migratorio, e incluso no pueden contraer matrimonio sin antes cumplir con sus obligaciones, explicó.
Convención y CPE
Otorgar la asistencia familia nace de la Convención sobre los Derechos del Niño que en su artículo 27, inciso 4, establece que los “Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres o las personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño o niña”.
La Constitución Política del Estado (CPE) incorporó los derechos de la familia en su artículo 58, que dispone que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos reconocidos y que es deber del Estado “garantizar la prioridad del interés superior” de la niñez, otorgándole protección y asistencia.
Abusos e infanticidio
Otro proyecto bloqueado es el 010/2023-2024, que garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de los delitos de infanticidio y violencia sexual.
La propuesta es una fusión del proyecto de Ley de Protección Reforzada para Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, remitido por el Ejecutivo en marzo de este año, y de la propuesta de la senadora Andrea Barrientos de incorporación de “violación incestuosa”, aprobada en el Senado.
Marchas de protesta en demanda de leyes contra la violencia sexual, en La Paz. | Foto: Jorge Mamani
Además recoge el espíritu de imprescriptibilidad de delitos sexuales, iniciativa presentada en mayo de 2023 por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Fue aprobado en mayo de este año en la misma comisión que dirige Guachalla, pero tampoco avanza, y al igual que el proyecto de asistencia familiar, pese a que fue agendado en el pleno de la Cámara de Diputados, no hay fecha para su tratamiento, expuso la legisladora con preocupación, porque solo restan dos meses para que termine la legislatura 2023-2024 y si hasta noviembre no se aprueban, volvería a foja cero.
“Se corre ese riesgo de volver a empezar de cero porque solo tenemos hasta noviembre. Esperamos que las fuerzas políticas respeten el compromiso por la niñez”, indicó.
Impunidad
En septiembre de 2023, el proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad de Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes quedó rezagado. La norma buscaba dar justicia a las víctimas que sufrieron abuso en el pasado, luego del estallido de los casos de pederastia en el país. Fue frenada por 54 diputados, entre estos Héctor Arce y Renán Cabezas, ligados a Evo Morales.
Guachalla apuntó a que en esa ocasión los evistas se opusieron a esa ley porque pensaban que “sería usada contra Morales”, por las denuncias de supuestas relaciones sentimentales con menores de edad.
Al respecto, la exejecutiva de las mujeres ‘Bartolina Sisa’ Maribel Ávalos cuestionó que evistas, camachistas y mesistas traben estas leyes vitales para proteger a la niñez. “Creo que es tiempo de hacer algo, de que la sociedad despierte, no puede ser que por apetitos electorales no solo estén durmiendo créditos, sino normas importantes que protegen a la niñez, creo que es una deuda pendiente que tienen los legisladores con las víctimas”, dijo.
La norma de asistencia familiar dispone 10 restricciones
El proyecto 055, para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, crea el Registro Nacional de Asistencia Familiar (Renaf) y dispone, para las obligaciones del pago de pensiones, 10 restricciones contra el padre o madre deudor.
Restricción de acceso a cargos públicos o prestación de servicios.
Cámara de Diputados. | Foto: APG
Retención de sueldos en el sector público; en caso de tener un segundo registro como deudor o deudora en el Renaf, la autoridad judicial de oficio ordenará la retención.
Prioridad en cobro de deudas en procesos judiciales al beneficiario de asistencia familiar como acreedor.
Retención de pagos del sistema integral de pensiones y el sistema de reparto. Se retendrá y depositará en una cuenta designada el monto adeudado por asistencia familiar.
Medidas cautelares. Una vez aprobada la liquidación de asistencia familiar, de oficio se ordenarán las medidas cautelares o patrimoniales.
Suspensión de trámites registrables de compra y venta. No podrá comprar o registrar bienes inmuebles.
Si es deudor, no podrá acceder a planes sociales.
No podrá acceder a créditos bancarios fácilmente.
Prohibición de emisión de pasaporte.
Matrimonio condicionado a pago o imposibilidad de casarse.
Info: fube
Proyecto que garantiza el acceso a la justicia a las víctimas de infanticidio y contra abusos
El proyecto de ley es el 010/2023-2024, “para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de delitos de infanticidio y delitos contra la libertad sexual”, incorpora el tipo penal de “violación incestuosa”, aprobado en la Cámara de Senadores, y se fusiona con la propuesta presentada por el Ejecutivo, de Protección Reforzada para infantes, niñas, niños y adolescentes.
Recoge los principios de imprescriptibilidad en delitos sexuales a la niñez y adolescencia. Es decir que, aunque pasó mucho tiempo, la víctima puede denunciar.
Garantiza la asistencia integral de las víctimas ofreciendo servicios gratuitos, por ejemplo, atención médica a través del Sistema Único de Salud (SUS).
Incorpora el delito de violación incestuosa, para que permita reconocer y clasificar este tipo de violencia como un delito grave, debido a que muchos casos de agresión sexual ocurren dentro de la familia, cometidos por padres, hermanos o tíos, y otros.
Crea la Comisión de la Verdad para seguir de cerca los casos y garantizar que las víctimas reciban una atención integral gratuita.
Peleas por magistrados judiciales trabaron leyes
Las constantes peleas en estos nueve meses entre parlamentarios impidieron que en la Cámara de Diputados se traten normas que protegen a la niñez de la violencia, además de créditos, que en algunos casos están parados desde 2023.
Las peleas, insultos y demás acciones causaron que en más de una ocasión se vean prolongadas sesiones con cuartos intermedios. La tensión empezó desde finales de 2023, cuando la Asamblea Legislativa no logró encaminar las elecciones judiciales que se postergaron hasta este año. En cada sesión de Diputados, los opositores del evismo, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos buscan cambiar el orden del día y agendar los proyectos antiprórroga 073 y 075, de “autoprórroga” de magistrados y plazos procesales.
La diputada del MAS Olivia Guachalla recordó que en cada sesión siempre estaban presentes, pero ahora existe una fecha para las elecciones judiciales y es el 1 de diciembre, por lo que no “debería haber excusa para aprobar leyes sociales y créditos de inversión”.
“Se terminaron los argumentos, ahora hay fecha para las judiciales, pero el estancamiento continúa”, lamentó la legisladora.
Recientemente, CC remarcó que no aprobará ningún proyecto de inversión, pese a que comunidades hacen vigilia en la Asamblea Legislativa.
La Paz/AEP
