La Ministra de Justicia reafirmó que Bolivia tiene la obligación de cumplir las recomendaciones de los organismos, y enfatizó en que las masacres de 2019 “no pueden quedar en la impunidad”.
El pronunciamiento conjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la anulación judicial de los casos de las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridos en 2019, fue calificado como “un hito” por el Gobierno. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, señaló que si el Estado no garantiza justicia, las víctimas podrán acudir a instancias internacionales que podrían derivar en una condena contra Bolivia.
El 12 de septiembre, la CIDH y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur expresaron su preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados. Ambos organismos advirtieron de que la anulación de lo actuado en los juicios “puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
Saravia explicó que el comunicado refleja la inquietud de los organismos internacionales frente a la anulación de los procesos judiciales en curso. “Hemos saludado el pronunciamiento (…) porque consideramos que este comunicado es un hito importante respecto a los hechos de Senkata y Sacaba”, sostuvo.
Recordó que el procedimiento internacional establece que, cuando un Estado no atiende las recomendaciones, las víctimas pueden acudir a la CIDH y, en última instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede sentenciar al país, incluso con la obligación de pagar indemnizaciones.
“Obviamente, si esto no es atendido por el Estado (…) las partes pueden acudir a la CIDH y, al final del día, la Corte puede sentenciar al Estado. Ese es un procedimiento general que se sigue en todos estos procesos”, puntualizó Saravia.
Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe con 36 recomendaciones, entre estas investigar, procesar y sancionar a los responsables de las muertes de 37 personas en 2019. En el marco de esas recomendaciones se creó la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg), integrada por la CIDH, que evalúa de manera continua los avances del Estado boliviano.
Obligación
En ese contexto, afirmó que el Estado boliviano tiene la obligación de cumplir los compromisos y recomendaciones de la CIDH y la ONU Derechos Humanos, y enfatizó en que las masacres de Senkata y Sacaba “no pueden quedar en la impunidad”.
“Estos informes y las recomendaciones no se hacen a uno de los órganos del Estado, sino al Estado boliviano. El informe de la CIDH establece que debe existir la voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar justicia”, remarcó.
AEP
