La Ministra de Justicia aclaró que los procesos iniciados en el país contra exautoridades devienen de informes internacionales como del GIEI.
El Gobierno, a través de la ministra de Justicia, Jessica Saravia, ratificó que en Bolivia no existen “presos políticos”. La aclaración la hizo en respuesta a declaraciones recientes de una representante del Parlamento Europeo que recordó una resolución de 2021 sobre la situación de los detenidos luego de la crisis de 2019.
La autoridad remarcó que el Estado boliviano es un país soberano con un sistema de justicia independiente.
“Quiero recordar a toda la población boliviana que los procesos que se iniciaron no son procesos políticos; devenimos también de informes internacionales que evaluaron la crisis de la interrupción constitucional de 2019”, aclaró la ministra.
Saravia expuso que las personas involucradas, entre estas la exsenadora Jeanine Añez, están siendo procesadas y asumen su defensa conforme a ley.
Recientemente, una delegación del Parlamento Europeo, que llegó al país como observadora de las elecciones generales del 17 de agosto, reiteró su preocupación sobre personas consideradas como “presos políticos” en el país.
La ministra remarcó que el Parlamento Europeo no es una entidad boliviana. “Nosotros, primero que nada, tenemos que generar independencia y soberanía”, enfatizó.
Además recordó que varios casos se encuentran actualmente en etapa de juicio, y que se espera que las decisiones judiciales se den conforme a la norma, al debido proceso y a la independencia de poderes.
“Estos procesos no son políticos. La garantía que damos, como Estado, es que se han respetado los derechos de todas las partes involucradas, con participación del Órgano Judicial, que ha resuelto incluso acciones constitucionales presentadas durante estos juicios”, aseguró Saravia.
Informe GIEI
En 2021, el Informe GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) confirmó que en Bolivia sí hubo una masacre durante los hechos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.
El informe señala específicamente las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) como graves violaciones de derechos humanos.
El GIEI, creado por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), investigó estos eventos y concluyó que hubo ejecuciones sumarias por parte de militares, disparos contra manifestantes que causaron muertes y heridas, y la presencia de grupos paramilitares.
AEP
