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Una reunión del TCP liderada por su presidente, Paul Franco. | Foto: TCP

El TCP admite el recurso y suspende la vigencia del DS 5143 sobre DDRR

El Gobierno rechaza las versiones sobre una reversión de las casas de “los y las bolivianas”; por el contrario, el DS apunta a modernizar Derechos Reales.

La Paz, 11 de mayo de 2024 (AEP). – El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió ayer la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto presentada por el diputado del MAS-IPSP Juan José Jáuregui en contra del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales e instruyó, como medida cautelar, suspender su aplicación.

“Admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por Juan José Jáuregui, titular de la Asamblea Legislativa (…) y poner la presente acción en conocimiento de Luis Arce, presidente del Estado, en representación del Órgano que generó la norma impugnada”, refiere el auto constitucional divulgado por el diario Correo del Sur.

Además, establece “la suspensión temporal de la aplicación del Decreto Supremo 5143 en tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta, hasta que se emita la correspondiente sentencia constitucional”.

En su petición, Jáuregui solicitó al TCP que haga “un test de constitucionalidad al proceso mediante el cual se ha aprobado dicho decreto supremo”, que fue objeto de observaciones por los seguidores del expresidente Evo Morales y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos.

Estos sectores coincidieron en asegurar que la labor de Derechos Reales no puede legislarse por un decreto, además denunciaron que se pretendería revertir las casas de los bolivianos, sin embargo, el Gobierno negó ambos extremos y afirmó que la norma apunta a acabar con las “mafias” en esa institución y modernizar sus servicios.

El jueves, el presidente Luis Arce dejó en manos del TCP el destino del decreto y “lamentó” la campaña política de desinformación para “hacer creer” a la población que estaba en riesgo la propiedad privada.

Comparó la situación con lo ocurrido en 2009, cuando los políticos de oposición alertaban falsamente a la población que el Gobierno pretendía quitarle sus casas y vehículos con la nueva Constitución.


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