Diagnosis Estudios hizo la encuesta el 6 y 7 de enero. A 1.800 personas, hombres y mujeres de 18 a 65 años, la empresa consultó: ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a participar en protestas y movilizaciones contra la prórroga de magistrados del Órgano Judicial?.
La Paz, 18 de enero 2024 (AEP).- Un 47% de los entrevistados está muy poco dispuesto (18%) o nada dispuesto (29%) a participar en las protestas y movilizaciones en contra de la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), revela una encuesta de la empresa Diagnosis.
En cambio, el 5% de los entrevistados respondió que está muy dispuesto y un 12% más o menos dispuesto a protestar por la prórroga de estas autoridades, medida dispuesta por la Declaración Constitucional 044/2023 ante el fracaso en el Legislativo para desarrollar la preselección de los postulantes con miras a las elecciones judiciales. Mientras que el 36% de los encuestados respondió que es indiferente a las movilizaciones.
Encuesta
Diagnosis Estudios hizo la encuesta el 6 y 7 de enero. A 1.800 personas, hombres y mujeres de 18 a 65 años, la empresa consultó: ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a participar en protestas y movilizaciones contra la prórroga de magistrados del Órgano Judicial?.
El trabajo se desarrolló en el área urbana y rural de los nueve departamentos. Tiene un error muestral del +/- 2,31%.
Su selección de entrevistados fue aleatoria simple de zonas censales y de segmentos, y selección sistemática de hogares y de entrevistados.
La encuesta fue desarrollada horas previas al inicio de las protestas de sectores que responden al expresidente Evo Morales, en Sucre, que, en un inicio, fueron una vigilia, entre el 8 y 12 de enero y, luego, el día 15, una marcha que se enfrentó con los agentes de la Policía por su intento de tomar las instalaciones del TCP.
Desde el inicio de esas movilizaciones, tres magistrados dimitieron: Esteban Miranda al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Elva Terceros y Ángela Sánchez al Tribunal Agroambiental.
Proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales del pasado año. Foto: Archivo
Antes, el 2 de enero, dimitió Carlos Alberto Calderón a su puesto en el TCP porque la Declaración Constitucional 044/2023 fue mal entendida, tergiversada y respondida de manera reactiva por diversos actores de la sociedad boliviana.
“Estoy seguro de que la DCP 044/2023 (que dispone la prórroga) es la medida idónea para superar el desfase constitucional planteado por la no realización del proceso de preselección de candidatos a magistrados para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, pues determina que sea ejercido por aquellas personas que están habilitadas por la Constitución para su ejercicio”, se lee en su renuncia firmada el 2 de enero.
Los marchistas, que defienden una nueva candidatura de Morales, pese a que se lo impide la Sentencia Constitucional 1010/2023, exigen que los magistrados y consejeros dimitan.
El bloqueo de caminos que debía iniciar ayer fue postergado hasta el lunes en espera de que las autoridades dejen sus cargos y desde el Legislativo se encamine una ley que convoque a las elecciones judiciales; sin embargo, el proceso está empantanado.
Cidob rechaza las movilizaciones anunciadas por gente ligada a Evo
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Justo Molina, en conferencia de prensa. Foto: Radio Patria Nueva
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) rechazó y cuestionó el bloqueo de caminos y movilizaciones anunciados por grupos ligados a Evo Morales y denunció que el “supuesto dirigente” Faustino Flores no representa a la organización ni a los pueblos indígenas.
“Rechazamos de manera categórica y contundente la movilización convocada por sectores del ala evista. El llamado a paros y bloqueos no tiene representación social y tampoco responde a reivindicaciones sociales”, afirmó el presidente de la Cidob, Justo Molina.
El llamado Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales suspendió el bloqueo de caminos anunciado para ayer hasta el lunes 22 de enero, en demanda de la renuncia colectiva de los magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Molina pidió al expresidente que, “en vez de convulsionar el país con demandas injustificadas”, presione e instruya a sus parlamentarios y supuestos dirigentes a “agilizar” el proceso de selección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Informó además que el supuesto Pacto de Unidad creado por Morales, con fines políticos y personales, no tiene militancia de la Cidob y que la supuesta representación del señor Faustino Flores es ilegítima e ilegal.
“El señor Flores ha estado suplantando la representación de nuestra organización. Aclaramos y denunciamos que el señor Faustino Flores no representa a la Cidob ni a los pueblos indígenas”, apuntó.
Mediante resolución, la Cidob denunció y rechazó “de manera categórica y contundente” la falsa e ilegal representación del señor Faustino Flores, ya que no representa a ningún pueblo indígena ni a la organización.
Además rechazó toda convocatoria a movilizaciones y bloqueo de caminos, acciones que solo buscan afectar la economía del país y el diario vivir de los bolivianos.
La sentencia que impide la reelección indefinida se debe cumplir
El Tribunal Constitucional Plurinacional. Foto: Archivo
Las dos magistradas que renunciaron al Tribunal Agroambiental y el que se retiró del Tribunal Supremo de Justicia deben ser reemplazados por suplentes mientras la sentencia constitucional que anula el derecho humano a la reelección indefinida “surte efecto de Estado y es de cumplimiento obligatorio”, informó el constitucionalista Roberto de la Cruz.
Además acusó a los renunciantes Elva Terceros, Ángela Sánchez y Esteban Miranda de estar relacionados con el expresidente Evo Morales, quien está buscando la dimisión de todos los magistrados. Es más, recordó que Miranda fue viceministro de Justicia en el gobierno del exmandatario.
De la Cruz explicó que los renunciantes, por procedimiento, deben ser reemplazados por suplentes, como manda la norma.
Los tres dimitieron en medio de la polémica surgida por la sentencia constitucional que prorrogó el mandato de los magistrados ante la falta de elecciones judiciales que debía encaminar el Legislativo para elegir a magistrados de los tribunales de Justicia, Agroambiental, Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura.
También explicó que la Sentencia 1010-2023 sobre la anulación del derecho humano a la reelección indefinida tiene efecto de Estado y es de obligatorio cumplimiento, en alusión a las protestas de los evistas que pretenden en Sucre la dimisión de los magistrados y revertir el fallo que afecta a Morales.
“Así lloren, la Sentencia Constitucional 1010 ya surte efecto de Estado y es de cumplimiento obligatorio”, afirmó.
