El exgobernante abandonó a sus bases y le recuerdan que en 2019 tomó la misma decisión al huir a México.
La marcha de Evo Morales a La Paz “medirá de qué esta hecho”, evaluaban los analistas políticos en la primera jornada de caminata a la sede de gobierno.
En el segundo día de la movilización, denominada “para salvar Bolivia", el propio Morales se encargó de despejar las dudas con un sorpresivo anuncio: “He decidido, después de esta jornada, retirarme de la marcha”.
Y las críticas al exmandatario no tardaron en llegar.
“Don Evo huyó otra vez, abandonó a sus bases como en 2019”, señaló el periodista Andrés Gómez en la plataforma X.
El dirigente ya había pasado un momento difícil el martes en la marcha cuando un numeroso grupo de personas apostadas en Vila Vila intentó detener la caminata.
En un momento de tensión, Evo se refugió en la vagonera de color blanco de alto blindaje que lo acompaña.
Morales, que durante 14 años de su mandato (2006-2019) proclamó “patria o muerte”, durante el golpe de Estado de hace cinco años atrás huyó a México dejando a sus bases a merced del gobierno de facto que aplastó en sangre las movilizaciones que exigían el retorno de la democracia.
El exgobernante desnudó el lunes la intención de la marcha desde Caracollo, Oruro, a la sede de gobierno señalando que se busca que el presidente Luis Arce renuncie, así como el vicepresidente David Choquehuanca, para que Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado, asuma el poder Ejecutivo.
Con Rodríguez en la jefatura de Estado, forzada por una sucesión constitucional, Morales busca su habilitación como candidato presidencial en las elecciones generales de 2025 a pesar de un impedimento legal.
La Constitución Política del Estado, la Sentencia Constitucional 1010/2023 y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son inequívocas: Morales no puede volver a ser candidato presidencial.
El propio jefe de Estado, en un mensaje a la nación el fin de semana, le recordó al dirigente cocalero los riesgos de repetir los errores del pasado cuando su ambición personal llevó al país a un golpe de Estado de la extrema derecha y a la muerte de ciudadanos inocentes.
Cualquier intento de acortar el mandato de Arce será considerado por el Ejecutivo como una acción criminal que recibirá una respuesta desde el marco legal, advirtió el ministro de Justicia, Iván Lima, que explica en parte el repliegue del dirigente cocalero de la movilización, descrita por movimientos sociales como “marcha de la muerte”.
El vicepresidente David Choquehuanca señaló que violar la Constitución boliviana es un delito penado por la ley, ante la cual “todos somos iguales”.
"Si violas la Constitución, estás violando el sistema legal y la institucionalidad democrática, lo cual constituye un delito que está penado por la ley. Y ante la ley, todos somos iguales", escribió el vicepresidente en su cuenta X en alusión al exgobernante quien insiste en su candidatura presidencial al margen de la carta magna.
Arce y Choquehuanca ya han dejado claro que no renunciarán y que cumplirán su mandato hasta noviembre de 2025 en cumplimiento al mandato popular que los eligió en las urnas en 2020 con el 55.11 % de los votos.
El Ejecutivo aguarda que el Ministerio Público tome acciones penales para garantizar que las acciones que vulneran la Constitución sean tratadas conforme a las leyes vigentes.
AEP Digital/Mac
