El ministro de Justicia, César Siles, confirmó que la normativa no se reglamentará hasta la definición de si ésta es o no constitucional.
El ministro de Justicia, César Siles, informó que el Gobierno cumplirá con el fallo del TCP que suspende la aplicación séptima del PGE sobre control al contrabando, agio y especulación, por ser de carácter vinculante. El Ejecutivo espera que con este fallo, que “congela” la norma, los sectores en conflicto asistan a un diálogo bilateral para atender otras demandas.
El Gobierno fue notificado, de manera formal, sobre la aplicación del Auto Constitucional 060/2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que suspende la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que establecía reforzar el control del contrabando y evitar el agio, además de la especulación en el país.
“Esto implica que no se va a aplicar esta disposición séptima hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si es o no constitucional”, subrayó Siles, en contacto con los medios de prensa.
Algunos sectores, como el Comité pro Santa Cruz, gremiales y políticos de derecha rechazan esta disposición por considerarla “confiscatoria”.
Para aclarar las dudas y disipar los temores, el Gobierno nacional entabló mesas de diálogo con 13 sectores, entre estos empresarios, debido a que esta norma era el tema central de los debates.
Siles afirmó que el Gobierno cumplirá con el auto porque tiene carácter vinculante, por lo que ya no existe razón para movilizaciones contra esta disposición que quedó suspendida.
“El Gobierno boliviano va a cumplir, como lo ha hecho en otras oportunidades, este auto dictado, que es de carácter vinculante. Lo que implica que no se va a aplicar, no se va a adoptar ninguna medida, porque ha quedado suspendida y era lo que pretendían los empresarios y gremiales”, remarcó.
Diálogo bilateral
Ante la suspensión de la norma, el ministro anunció que se citará de manera bilateral, a cada una de las 13 organizaciones interesadas en asistir al diálogo, ya no por este tema, sino para atender otras peticiones que tienen los sectores movilizados”, indicó.
“Nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando con otras peticiones conexas”, aseveró Siles.
El ministro expuso que el Órgano Ejecutivo puede contestar en 15 días el auto del TCP, y que esta instancia tiene 45 días para decidir si la disposición es constitucional o no.
Siles recalcó que la norma no puede ser derogada, pero si es declarada inconstitucional, queda fuera del orden jurídico.
AEP
