El ex mandatario, acusado de genocidio y daño económico al país, y protegido de Estados Unidos, no pisará Bolivia, ni ninguna de sus cárceles. Las manos manchadas de sangre y la impunidad serán, sin embargo, su triste impronta en la historia boliviana.
Gonzalo Sánchez de Lozada fugó a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003 luego de la violenta “Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto que dejó más de 60 muertos y 400 heridos.
La convulsión social lo obligó a renunciar a 14 meses de haber iniciado su segundo mandato (2002-2003). Más de dos décadas que vive bajo la protección de los inquilinos de la Casa Blanca y no pisa suelo boliviano pero su huella permanece en la memoria colectiva y en los tribunales del país.
El máximo órgano de la justicia boliviana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció la continuidad al juicio de responsabilidades en su contra y tres de sus exministros por el caso Petrocontratos.
El TSJ tomó esa medida tras rechazar los incidentes presentados por la defensa de los acusados.
El caso fue iniciado en el ámbito legislativo en 2006 y que, con interrupciones legales, se lo retoma 18 años después.
El último “inicio” del caso ocurrió el 22 de agosto de 2023.
En su primer mandato (2003-2007), también accidentado, el exgobernante vendió a precio de liquidación las empresas estratégicas del Estado.
En ambos periodos constitucionales, la administración del multimillonario empresario minero suscribió contratos de riesgo compartido con multinacionales petroleras sin aval del Poder Legislativo, como lo marcaba la entonces Constitución Política del Estado vigente desde 1967 a 2009.
El nonagenario expresidente y tres de sus exministros —Jorge Berindoague Alcocer, Carlos López Quiroga y Carlos Contreras del Solar— están acusadas del delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Deberán responder al país en un juicio de responsabilidades.
Los acusados fueron investigados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, sin la autorización del Legislativo, como mandaban las normas.
AUSENTES
Ninguno de los acusados está en el país. Fueron declarados en rebeldía. Sánchez de Lozada reapareció hace poco después de 20 años de silencio y deslizó, algo improbable, su retorno a la vida política del país.
El Tribunal Supremo de Justicia solicitó al Departamento de Estado norteamericano, una década atrás, la extradición del exmandatario ultraliberal.
El Departamento de Estado, que es la cancillería estadounidense y que lo protege, rechazó la solicitud boliviana con el argumento de que algunos de los delitos por los que es imputado no se ajustan a su economía jurídica.
El TSJ emitió exhortos suplicatorios a Estados Unidos para notificar a dos, de cuatro, imputados.
Los exhortos suplicatorios permitirán que los acusados conozcan que se inició el juicio en contra de ellos por el caso denominado Petrocontratos.
Los exmandatarios Jorge Quiroga y Carlos Mesa Gisbert también debían ser parte del juicio.
Pero el 27 de septiembre de 2018, el entonces presidente Evo Morales les concedió, amparado en un mecanismo constitucional, la amnistía presidencial para que Mesa defienda la causa marítima a cuatro días de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita su sentencia con relación a la demanda marítima.
Con el mismo indulto, Quiroga también fue excluido del proceso.
GENOCIDIO
Goni, el apodo de Sánchez de Lozada, tiene también otros procesos por los cuales debe responder al pueblo boliviano.
Él y sus ex ministros de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín; de Gobierno, Alberto Gasser, y de Defensa, Freddy Teodovic, fueron señaladas como responsables de las muertes de 33 personas el 12 y 13 de febrero del 2003, durante la confrontación de fuerzas del orden y civiles, originado por un motín policial en la ciudad de La Paz.
Otro proceso a él y Sánchez Berzaín está relacionado con la muerte de más de 60 personas en las protestas de septiembre y octubre de 2003 en El Alto que desencadenaron la caída de su gobierno.
El ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio y daño económico al país, y protegido de Estados Unidos, no pisará Bolivia, ni ninguna de sus cárceles.
Las manos manchadas de sangre y la impunidad serán, sin embargo, su triste impronta en la historia boliviana.
AEP Digital/Rdc
