En el primer día de las intervenciones militares orientadas a “pacificar el país” murieron 10 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba.
La Paz, 14 de marzo de 2024 (AEP). – Las muertes en Sacaba y Senkata ocurrieron en el marco del desarrollo de una operación militar y policial autorizada por la presidenta inconstitucional y su primer gabinete.
Añez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078 que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares, que luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.
Las muertes ocurrieron, según la comisión de fiscales, “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”.
En el primer día de las intervenciones militares orientadas a “pacificar el país” murieron 10 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba.
El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, hubo otros 10 civiles fallecidos y 78 heridos.
Gabinete
‘El decreto de la muerte’, como fue bautizada la norma 4078, fue firmado, además de Jeanine Añez, por Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (ministro de la Presidencia), Arturo Murillo (ministro de Gobierno, con condena en Estados Unidos por lavado de activos), Fernando López (ministro de Defensa), José Luis Parada (ministro de Economía), Álvaro Guzmán (ministro de Energía), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia) y Álvaro Coímbra (ministro de Justicia).
La nómina está integrada también por María Elva Pinckert (ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordóñez (ministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (ministra de Comunicación). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.
