Los hechos en Sacaba ocurrieron el 15 de noviembre de 2019 en inmediaciones del puente Huayllani.
La Paz, 14 de marzo de 2024 (AEP). – Han transcurrido tres años desde la detención de la exsenadora Jeanine Añez, quien se autoproclamó presidenta en noviembre de 2019. Sin embargo, las heridas causadas por su breve pero sangriento régimen continúan frescas en la memoria del pueblo boliviano, que clama por justicia.
Durante su administración, una veintena de civiles desarmados perdieron la vida en Senkata, El Alto; y Sacaba, Cochabamba. Estos trágicos eventos han dejado una profunda marca en las familias de las víctimas, generando un fuerte reclamo por verdad y reparación.
La Fiscalía General del Estado concluyó en octubre de 2023, en el marco del juicio penal denominado Golpe I, la investigación en ambos casos.
La Comisión de Fiscales presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal por el delito de genocidio, cuya pena máxima es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Este paso legal es crucial —de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia)— para buscar justicia y rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el gobierno de Añez.
Para las asociaciones de Familiares de Fallecidos y Heridos de las masacres de Senkata y Sacaba es imperativo que se haga justicia para las víctimas y sus familias de ambas ciudades, y que se garantice que los responsables sean llevados ante la ley.
Sacaba
Los hechos en Sacaba ocurrieron el 15 de noviembre de 2019 en inmediaciones del puente Huayllani.
La tarde de ese día, un grupo de marchistas que llegó del trópico de Cochabamba se dirigía a la plaza 14 de Septiembre de esa ciudad, pero fue impedido su paso a la altura del puente Huayllani, ubicado sobre la avenida Villazón.
De acuerdo con la investigación, el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime Zurita, habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar por el puente Huayllani rumbo a su destino.
El gobierno de facto había ordenado, en una medida poco usual, el desarrollo de operaciones combinadas entre militares y policías fuertemente armados en ese lugar.
Ante la negativa de los agricultores del trópico de entregar sus banderas, Zurita se impacientó y ordenó al personal policial a su mando el empleo de gases lacrimógenos generando una cortina de humo entre marchistas y fuerzas de seguridad del Estado.
En la confusión, los militares dispararon munición de guerra contra la población civil desarmada “sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características”.
Como resultado de la violenta represión fallecieron diez personas por impacto de proyectil de arma de fuego y, además, decenas de manifestantes resultaron heridos en las mismas circunstancias.
La planificación y ejecución de la operación policial-militar tenía el aval del Ejecutivo de Añez a través de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía, quienes habrían ordenado la participación de personal especializado portando armamento y munición de guerra.
En las investigaciones se tomaron 180 entrevistas a militares, 110 a funcionarios policiales, 120 a civiles que participaron en la marcha.
Entre pruebas documentales se colectaron informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, que suman 350 que se presentaron en el juicio oral.
También se consignan 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los heridos y 18 dictámenes periciales que sustentan la teoría del caso.
Senkata
La masacre de Senkata ocurrió el 19 de noviembre de 2019 cerca de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En medio de un escenario de conflictividad por el golpe de Estado, la población alteña, en el ejercicio de su derecho a la protesta, se movilizó en la ciudad y bloqueó algunas vías en repudió a la instalación de un gobierno de facto, entre ellas los accesos a la planta de YPFB de Senkata.
Policías y militares se desplazaron a la planta en un plan que pretendía el traslado de combustible a surtidores de La Paz y El Alto.
En esta operación se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión con el uso de munición de guerra y vehículos blindados, helicópteros y aviones de combate contra civiles desarmados.
La operación militar policial dejó como saldo a 10 ciudadanos fallecidos por impacto de proyectil de arma de fuego y múltiples heridos en las mismas condiciones.
La comisión de fiscales colectó un legajo probatorio con más de 700 elementos que sustentan la tesis acusatoria.
Entre las pruebas hay 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación y 126 entrevistas: 40 a miembros de las Fuerzas Armadas, 30 a efectivos policiales, 50 a víctimas y ocho a funcionarios de YPFB.
Añez
Añez, en un manuscrito difundido ayer en sus redes sociales, aseguró desde la cárcel que es inocente de las “barbaridades” de las que se le acusa y emplazó a que “los cobardes”, en alusión a Evo Morales, “den un paso al frente” y tengan la valentía de devolverle la libertad.
La exsenadora tiene una sentencia de 10 años, en el caso denominado Golpe II, por delitos administrativos contrarios a las leyes y la Constitución Política del Estado.
