La normativa eliminaba los privilegios de aquellos que podían finalizar sus trámites en horas, mientras otros enfrentaban demoras de incluso meses.
La Paz, 14 de mayo de 2024 (AEP-Digital).- El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el objetivo del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales —abrogado por el Gobierno en respuesta a lo que identificó como un plan de desestabilización— era garantizar la seguridad jurídica del pueblo boliviano frente a actividades que fomentan la inseguridad, la corrupción y la usurpación de tierras por parte de organizaciones criminales.
“El Decreto 5143 fue aprobado porque debemos garantizar que el pueblo boliviano tenga seguridad jurídica (…). Buscábamos la transparencia, buscábamos que no exista la extorsión”, dijo en conferencia de prensa.
Acompañado por el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y dirigentes de Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB), Lima aseguró que a los 15 años de vigencia de la Constitución y a los 137 años de vigencia de la Ley 1887 era necesario dejar establecido que Derechos Reales debe modernizarse.
Asimismo, dijo que luego de 14 años de vigencia de la Ley 025 era importante una norma que regule el trabajo que realizan los alcaldes y el nivel central del Estado.
Recordó que la Constitución señala expresamente que el registro público de Derechos Reales debe continuar y ejercer sus funciones de forma conjunta con los catastros de los municipios. Con ese objetivo, recordó que a inicios de la gestión del gobierno del presidente Arce, en 2020, se anunció la modernización de Derechos Reales.
“Se trabajó con alcaldes de las nueve ciudades capitales de departamento y El Alto, y se ha buscado, a partir del D.S. 5143, el pleno respeto de la Constitución Política del Estado", señaló.
Asimismo, indicó que la normativa rescataba la naturaleza municipal de registro de la propiedad. Reportó que en el país hay municipios que no tienen inscrita si quiera su casa municipal, lugares como la plaza Murillo y otros importantes sitios para el desarrollo de la sociedad boliviana no tienen el registro de propiedad.
Se buscaba estandarizar los trámites en Derechos Reales, evitando la imposición de requisitos arbitrarios, y agilizar y modernizar el proceso para prevenir la extorsión en el mismo.
Subrayó que la normativa se estableció con el fin de eliminar los privilegios de aquellos que podían finalizar sus trámites en ocho horas, mientras que otros enfrentaban demoras de semanas o incluso meses, con un promedio de ocho meses para más de un millón de procesos.
Además, aseguró que planteaba la bancarización de los pagos de aranceles, que hasta el momento se realizaban en efectivo en las oficinas de Derechos Reales, lo que durante la pandemia de Covid-19 generó una recaudación de Bs 600 millones sin control ni fiscalización, calificada como una "caja negra".
El objetivo primordial del decreto era eliminar la extorsión y garantizar un servicio eficiente y seguro para las familias. Fortalecía y aseguraba en colaboración con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) el sistema informático de Derechos Reales, frente a los 38 sistemas informáticos existentes actualmente que no brindan seguridad al pueblo boliviano, agregó.
