La denuncia la presentó el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.
Santa Cruz, 20 de octubre de 2023 (ABI). – El presidente de la Dirección Departamental del MAS - Santa Cruz, Marcos Fernández, saludó la imputación de Vicente Cuellar, Rómulo Calvo, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan por el paro de los 36 días de 2022, que provocó daño económico, muertes y violación de derechos humanos y al libre tránsito.
“Saludamos la imputación a los autores intelectuales del paro de 36 días, la justicia tarde o temprano llega. Muchas personas sufrieron, no trabajaron, no podrían transitar por las calles de la ciudad”, recordó en conferencia de prensa.
El 22 de octubre de 2022, pese a la apertura del Gobierno nacional a encontrar una solución técnica que defina la fecha de realización del Censo, el Comité Interinstitucional inició un paro indefinido en Santa Cruz.
El Comité estaba presidido por Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y lo integraba Vargas (vicerrector), Calvo (presidente del Comité Pro Santa Cruz) y Santistevan, asesor jurídico.
El gobernador cruceño Fernando Camacho, encarcelado en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, también era parte de esa instancia que impulsó las medidas de presión que se extendieron por 36 días, entre octubre y noviembre de 2022.
El Ministerio Público presentó la resolución de ampliación de imputación formal en contra de Cuellar, Calvo, Vargas y Santistevan porque fueron los promotores del violento paro de 36 días.
Estas personas son investigadas por los delitos de “terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, perturbaciones”, entre otros.
La denuncia la presentó el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, al menos tres personas perdieron la vida durante el paro, se privó del derecho a la educación, salud, trabajo y justicia a varias otras, entre ellas a las y los trabajadores de la prensa.
Sólo en el contexto del paro cívico, la Defensoría del Pueblo abrió investigación en 71 casos.
Efecto del paro se generó más de $us 1.200 millones en pérdidas en el sector privado y alrededor de Bs 300 millones en el sector estatal.
El 26 de noviembre de 2022, el Comité Interinstitucional levantó el paro luego de aceptar la propuesta del Gobierno de realizar el Censo el 23 marzo de 2024, que fue ratificada en una ley.
