Por los presuntos delitos de terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, asociación delictuosa y otros.
La Paz, 20 de octubre de 2023 (AEP). – El Ministerio Público imputó al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y a otras cuatro personas por los 36 días de paro en 2022, que causó un daño económico a la región y al país.
Además de Camacho, con detención preventiva en el penal de Chonchocoro, están imputados el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar; el vicerrector Reinerio Vargas; y el abogado José Luis Santiesteban.
El proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.
Los imputados son investigados por la presunta comisión de los delitos de “terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, perturbaciones”.
Paro de 36 días
Más de $us 1.200 millones en pérdidas en el sector privado y Bs 300 millones en el sector estatal fueron las pérdidas registradas por el paro de 36 días en Santa Cruz, que empezó el 22 de octubre con la propuesta al Gobierno nacional de Censo en 2023 y concluyó el 26 de noviembre.
La medida extrema estuvo caracterizada por la violencia generada por grupos radicales afines a los cívicos. El día del inicio de la medida de protesta, una persona, Julio Taborga, murió luego de una golpiza en un punto de bloqueo en Puerto Quijarro.
El 12 de noviembre de 2022, el presidente Luis Arce anunció que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará el sábado 23 de marzo de 2024, y la distribución de recursos, con los resultados preliminares, será en septiembre del mismo año.
