El lunes, y al filo del plazo de 45 días, el TCP declaró inconstitucional la resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023 que aprobó el reglamento y la convocatoria para el proceso de preselección de candidatos
La Paz, 1 de agosto de 2023 (AEP-Digital).- La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, la senadora Patricia Arce, anunció este martes un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por sus “jugadas” para mantenerse en sus cargos y demorar la notificación sobre la sentencia que anuló el reglamento y la convocatoria hacia las elecciones judiciales previstas para este año.
“Es (una) irresponsabilidad y nosotros lo que vamos a hacer es iniciar un proceso ordinario y también un juicio de responsabilidades. Vamos a iniciarlo porque la actitud del Tribunal Constitucional, la manera en la que está actuando, creo que no es lo loable”, cuestionó visiblemente molesta tras declarar un cuarto intermedio en la sesión de la Comisión Mixta que debía analizar el contenido de la sentencia y trazar la ruta para el proceso a las judiciales.
El lunes, y al filo del plazo de 45 días, el TCP declaró inconstitucional la resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023 que aprobó el reglamento y la convocatoria para el proceso de preselección de candidatos y candidatas para la conformación del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Por “conexitud” también declaró inconstitucional la Ley 1513 Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatos y Candidatas para la conformación del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, del 5 de junio de 2023, que acortaba a 160 días todo el operativo: 60 días para la preselección en el Legislativo y 100 para que el Tribunal Supremo Electoral organice las elecciones.
Pero, además, los magistrados determinaron, por unanimidad, que en todo el proceso se aplique los dos tercios de votos de los asambleístas, desde la aprobación de la ley hasta la lista final de los preseleccionados.
Si bien la sentencia se conoció el lunes, hasta ahora el TCP no notificó al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, situación que fue duramente cuestionada en la sesión de la Comisión Mixta.
“Hasta el día de hoy no notifican ¿qué es lo que se está pretendiendo? es dilatar esto, nada más y el pueblo de Bolivia tiene que saber, la única intención es el acuerdo de mantenerlos (en el cargo) y esto es un golpe más a la democracia, como lo han hecho hace tiempo, y es un golpe a la institucionalidad del Órgano Judicial ¿por qué? porque quieren mantenerse y quedarse” en sus cargos, insistió.
Luego de lamentar la actitud de los magistrados del TCP, la legisladora dijo que da “vergüenza que nuestros asambleístas, que representamos al país, tanto de oposición como oficialistas, nos prestemos a estas jugadas pensando simplemente en intereses personales y no en lo que realmente el pueblo necesita”.
El mandato de los actuales magistrados concluye el 31 de diciembre, las nuevas autoridades deben asumir sus funciones en enero de 2024.
Para garantizar las elecciones judiciales el 3 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó al Legislativo que le entregue la lista de los candidatos preseleccionados hasta el 4 de septiembre.
