En los primeros dos años y medio de gestión de Luis Arce, los servicios de salud inocularon hasta 15,2 millones de dosis entre la primera, segunda, tercera, cuarta dosis, y unidosis, a los diferentes grupos etarios.
Con militares armados en las calles obligando a los ciudadanos a un confinamiento obligatorio, la primera ola de la Covid-19 en 2020 cobró la vida de más de 9.000 personas en el país de acuerdo con reportes del gobierno de facto de Jeanine Áñez, pero fallecidos extrahospitalarios en calles, vehículos, domicilios y puertas de hospitales, elevaron la cifra a más de 30.000.
El presidente Luis Arce recordó ese episodio de la historia reciente durante la entrega de obras sociales en el municipio cochabambino de Mizque.
“Muchos recordarán el confinamiento de Áñez como la única receta para revolver el tema de la pandemia”, dijo el mandatario en el acto público ante una multitudinaria concurrencia, señalando que, ese año, muchas personas fallecieron durante la primera ola de la pandemia.
El jefe de Estado señaló que desde el inicio de sus gestión constitucional, su gobierno, de corte socialista, aplicó una amplia política nacional de vacunación gratuita contra la Covid-19, adquirió medicamentos y pruebas antígeno nasales sin costo para la población
En los primeros dos años y medio de gestión, los servicios de salud inocularon hasta 15,2 millones de dosis entre la primera, segunda, tercera, cuarta dosis, y unidosis, a los diferentes grupos etarios.
Las vacunas aplicadas en todo el territorio nacional fueron Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen.
Las vacunas gestionadas y adquiridas por el Gobierno nacional superaron las 23.8 millones de dosis.
“Hay que recordar esos hechos lamentables porque felizmente, luego de ingresar al gobierno, se compró vacunas, medicamentos, pruebas antígeno nasales para detectar el Covid y hoy hemos podido superar (esa etapa) y hoy eso forma parte del pasado”, remarcó.
Sin embargo, dijo, aquella época dejó una enseñanza: “Seguir trabajando por la salud, en infraestructura en materia de salud”.
Como parte de la política de gestión de hospitales en todo el país, el mandatario anunció la construcción de un hospital de segundo nivel para el municipio de Mizque.
PANDEMIA
“El gobierno de Jeanine Añez enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció en su momento el influyente The New York Times.
La respuesta del inconstitucional gobierno para contener la pandemia fue también un escándalo de corrupción por la compra de ventiladores españoles para hospitales con millonario sobreprecio.
Los respiradores para unidades de cuidado intensivo llegaron al país en un vuelo procedente de España y estaban siendo distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio era exorbitante.
Jeanine Áñez autorizó la compra de 500 equipos. 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27.000 cada uno.
Los ventiladores producidos por la empresa catalana GPA Innova tenían un precio de fábrica de $us 7.194, pero la administración de facto pagó –a uno o varios intermediarios vinculados al propio gobierno en un evidente conflicto de intereses– más de $us 4,7 millones por las 170 máquinas.
El sobreprecio fue un problema, pero también el rechazo del personal médico a utilizarlos.
Los especialistas se quejaron públicamente y explicaron al país que los aparatos no eran de terapia intensiva sino de asistencia en emergencias, y por tanto resultaban inadecuados para atender a pacientes de Covid-19.
Era claro que Añez utilizó los recursos estatales destinados a la pandemia para beneficiar su campaña electoral.
“La limitada ayuda económica del gobierno a los ciudadanos no ha logrado evitar que los más pobres del país se aventuren a las calles para ganar dinero para comida y alquiler”, agregaba el influyente rotativo estadounidense.
Durante la administración de Áñez conseguir una cama en un centro de salud o acceder a una unidad de terapia intensiva fue casi imposible en algunas regiones de Bolivia.
El aumento en muertes –entre mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020– colapsó los hospitales bolivianos y obligó a las autoridades municipales a ampliar sus crematorios y a abrir nuevos cementerios.
La Policía recogió cadáveres en domicilios, calles, vehículos y en alrededores de los centros de salud.
En la mayoría de los casos, las personas fallecieron luego de peregrinar por varios hospitales que no pudieron acogerlos.
En un balance de abril a septiembre de 2020, la fuerza pública, encargada de atender fallecimientos extrahospitalarios, informó que entre el 85% y 90% de los “cuerpos recogidos eran con probabilidad sospechosos del nuevo coronavirus”.
Cerca de 9.000 muertos oficiales contabilizaba el gobierno de Áñez. Sin embargo, la cifra, con los subregistros, que agregaba los casos extrahospitalarios, rondaba los 30.000.
El hombre fuerte del régimen de Áñez, el poderoso ministro de Gobierno Arturo Murillo, ordenó el despliegue de militares armados en centros urbanos para que se cumpla el confinamiento domiciliario, un estado de sitio de facto.
AEP Digital/Mac
