El ministro Siles informó que los bolivianos llegan a pagar más de $us 3 millones por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión de Constitución de Diputados aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley que personaliza la sanción reparatoria contra servidores públicos que vulneran derechos humanos para que el Estado no asuma el resarcimiento dictaminado por la Corte-IDH.
El proyecto se denomina Ley de Acción de Repetición Emergente del Pago de la Reparación Patrimonial de Daños y Perjuicios en el Marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que busca personalizar los delitos para no afectar al Estado boliviano, indica una nota de la Comisión de Constitución.
La presidenta de esta instancia legislativa, Olivia Guachalla, informó que hay vulneraciones a los derechos humanos cometidos por servidores públicos y cuyas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) recaen directamente al Estado.
“Hubo mucho daño económico por parte de la irresponsabilidad de algunos servidores públicos de distintos niveles de Estado, en cuanto a vulneración de derechos humanos y, por estas situaciones, el Estado ha pagado unos montos cuantiosos”, dijo.
Propuesta
El proyecto está compuesto por 18 artículos, una disposición adicional única, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.
El ministro de Justicia, Cesar Siles, quien expuso la propuesta en la comisión, junto al subprocurador Gustavo Medina, detalló que la futura ley consiste en que, una vez que el Estado boliviano es notificado por la Corte-IDH o con firma y el acuerdo de solución amistosa, y este documento sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este fallo pase a una etapa de procedimiento administrativo en la Procuraduría General del Estado.
“En esta instancia se emitirá un informe preliminar con un dictamen procuradurial, que se convertirá en un título de fuerza coactiva civil suficiente para que un juez civil dicte una sentencia y ordene el pago de ese daño económico al Estado”, indicó.
Siles informó que hasta ahora el Estado pagó más de $us 3 millones, pero ahora, con este proyecto de ley, se busca que sean recuperados.
La propuesta ahora está en el pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
AEP
