La Coordinadora de la Mujer consideró que la Ley 243 debe cumplirse, por lo que espera que el diputado evista Héctor Arce sea sancionado.
En Bolivia, siete de cada 10 denuncias presentadas en el marco de la Ley 243 corresponden a violencia política. Reemplazar una sanción con una disculpa “no basta”, dijo Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, en referencia al caso del diputado evista Héctor Arce, quien insultó el cargo de Toribia Lero, segunda vicepresidenta de la Cámara Baja.
“Una disculpa no basta, porque existen mecanismos legales de sanción contra la violencia política que deben cumplirse”, expuso Sánchez al periódico Ahora El Pueblo.
Ataque a toribia lero
En plena sesión de la Cámara Baja, el diputado Héctor Arce, ligado a Evo Morales, descalificó el cargo de Lero y lo consideró “asqueroso y socio”. También reprochó su posible postulación como candidata a la presidencia en las elecciones generales en el país.
Los improperios del legislador fueron gravados y causaron indignación en la comunidad de activistas de derechos humanos. Pese a que luego se disculpó, para Lero la agresión verbal que sufrió fue un acto premeditado y, en su criterio, lo que busca el diputado evista es intimidarla por su condición de mujer indígena.
Por esta acción, la afectada remitió una denuncia por violencia política y discriminación a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.
Ejecución
Para la Coordinadora de la Mujer, es importante que estos casos de violencia política no queden en la impunidad y que el agresor reciba la sanción penal como establece la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política.
Esta norma fue promulgada el 28 de mayo de 2012 para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones y oportunidades, además de establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra el acoso y la violencia política.
La pena por acoso es de dos a cinco años de cárcel; y en el caso de violencia política, de tres a ocho años.
Datos
La Ley 243 ya tiene 13 años de vigencia en el país. Sin embargo, en 10 años solo hay el 3% de sentencias frente al centenar de denuncias que llegan al Ministerio Público, según un informe de la Coordinadora de la Mujer, en el que se detalla que de los más de 530 casos registrados hasta julio de 2024, el 71% corresponde a violencia política y el resto a acoso.
El acoso y la violencia política contra las mujeres es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus cargos.
Según un estudio de la Coordinadora de la Mujer, este tipo de agresiones no solo afecta a su integridad física y psicológica, sino que también compromete su permanencia en los cargos públicos y la continuidad de su gestión, lo que deriva, a su vez, en la poca o ninguna visibilidad de sus aportes y resultados políticos.
AEP
