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La misiva enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional.

TCP debe definir si sesión presidida por Andrónico tiene legalidad o no

El objetivo es tener certeza jurídica sobre la validez de los actos realizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Paz, 09 de junio de 2024 (AEP). – El presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitir un pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de los actos realizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para encarar las gestiones que correspondan o, caso contrario, proceder a la devolución para reencausar el procedimiento legislativo.

Choquehuanca, quien envió una misiva al presidente del TCP, Paul Enrique Franco, indicó: “Agradeceré al Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejercicio de las atribucionales constitucionales que le asiste, emita un pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos realizados para que se imprima la gestión que corresponde o, en su defecto, disponga se devuelvan esas comunicaciones para rencausar el procedimiento legislativo que corresponda”.

La carta señala que el artículo 202.12 de la Constitución Política del Estado (CPE) manifiesta que son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver los recursos directos de nulidad, concordante con el artículo 147 del Código Procesal Constitucional (suspensión de competencia de la autoridad requerida en el recurso directo de nulidad). Desde el momento de la notificación con el recurso directo de nulidad quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto. Será nula de pleno derecho toda disposición que se dicte con posterioridad.

En la sesión fueron aprobadas y enviadas al Ejecutivo, para su promulgación, las leyes antiprórroga de magistrados del Órgano Judicial y TCP; un crédito por $us 176 millones; el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto, y una resolución para continuar con la preselección de candidatos judiciales.

El viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó sobre la nota enviada a control constitucional y afirmó que, como Gobierno, no se interiorizaron de lo que se aprobó en la cuestionada sesión de Asamblea del jueves.

“Conscientes de que hay que seguir la normativa legal del país, lo que hemos hecho es enviar al Tribunal Constitucional (una nota) para que nos diga si valió o no la notificación (sobre la suspensión de la sesión) o si fue legal o no”, explicó.


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