Un recurso presentado en El Alto en defensa de las elecciones fue admitido por la Justicia, que dictó una medida cautelar para que continúen las elecciones hasta que se dicte un fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) define tratar con celebridad los fallos de las salas constitucionales de Beni y Pando que declararon desiertas las convocatorias para la preselección de los candidatos al TCP y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), poniendo en vilo la realización de las elecciones judiciales del 1 de diciembre.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional, máxima instancia de control normativo, tutelar y competencial, hace conocer que los casos relacionados a las Elecciones Judiciales, por su relevancia social, serán tratados con la celeridad debida, para de esta manera brindar certidumbre al pueblo boliviano”, refiere un comunicado firmado por el presidente de la Comisión de Admisión del TCP, el magistrado Yván Espada y la magistrada Isidora Jiménez.
El comunicado surgió en respuesta a la solicitud del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, de “revisión urgente” de los fallos emitidos el 15 de octubre por las Salas Constitucionales de Pando y Beni.
La Sala Constitucional de Pando declaró desierta la convocatoria al proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al conceder tutela a la excandidata María Esther Caero, quien impugnó en julio el proceso porque -en su opinión- incumplió los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial e incorporaron a “candidatos aplazados”.
Horas después, la Sala Constitucional de Beni declaró desierta las convocatorias para la preselección de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, al conceder tutela al amparo planteado por el también excandidato Hugo Vargas.
De acuerdo con el ministro de Justicia, César Siles, ambas salas se excedieron en sus determinaciones e incumplieron “requisitos constitucionales mínimos de legalidad” por lo que advirtió el posible delito de prevaricato.
Mientras que el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco, Vargas denunció un golpe a la democracia.
Un recurso presentado en El Alto en defensa de las elecciones fue admitido por la Justicia, que dictó una medida cautelar para que continúen las elecciones hasta que se dicte un fallo.
La Paz/ABI
