Cruz lamentó que no se aprueben leyes para proteger a víctimas de abuso; también anunció que en 2025 Bolivia contará con un sistema que recogerá datos reales de violencia hacia la niñez y adolescencia.
En entrevista con Ahora El Pueblo, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, lamentó que no se aprueben proyectos en favor de la población vulnerable en el país, como son la niñez y adolescencia. Sin embargo, anunció que el Gobierno impulsa un sistema que arrojará datos reales de los tipos de violencia que afectan a los menores de edad.
De acuerdo con datos oficiales, en Bolivia, en 2023, se registraron 6.364 casos de delitos contra la libertad sexual (abuso sexual, violación, estupro y otros), cuyas víctimas se encuentran en el rango de edad de 0 a 17 años, y 4.719 contra jóvenes de 18 años o más. Santa Cruz, con 3.131 casos, registra el mayor índice de estos hechos, seguido de La Paz, con 2.880.
Para prevenir estos delitos y fortalecer la protección a las víctimas, el Gobierno nacional elaboró proyectos de ley que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero estos no son aprobados hasta el momento. Uno de estos es el proyecto 010/2023-2024, que incorpora en el Código Penal el delito de violación incestuosa y garantiza el acceso a la justicia a las víctimas de los delitos de infanticidio y violencia sexual, con el principio de imprescriptibilidad.
Este proyecto está a punto de ser archivado debido a que falta un poco más de una semana para que termine la actual legislatura en la Cámara de Diputados y en el Senado. Este proyecto también permite a Bolivia cumplir con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que en 2022 falló en favor de Brisa de Angulo y ordenó al Estado cambiar la tipificación de estupro como violación por considerar que la figura (estupro) recibe una pena menor actualmente.
Foto: Gustavo Ticona
Al respecto, la viceministra Cruz dijo que si se “archiva, la volverán a desarchivar”, además detalló las políticas que está asumiendo el Ejecutivo en favor de la niñez y adolescencia que sufre algún tipo de violencia.
—Sobre la sentencia del caso Angulo Losada vs. Bolivia, emitida en 2022 por la Corte-IDH, colectivos de derechos humanos, como la Coordinadora de la Mujer, indican que aún el Estado no cumplió con el fallo. ¿Por qué Bolivia aún no cumplió?
—En el caso de Brisa de Angulo nos han sancionado como Estado por dos ámbitos. Uno, porque nuestro sistema de justicia ha sido totalmente indolente y revictimizador contra una víctima que ha sido violentada. Y lo que ha hecho (la justicia), en vez de darle atención, es cuestionar su denuncia, incentivarla a dejar el caso, desestimar la denuncia y a pactar con el agresor y no establecer justicia.
Este es un ámbito que en las acciones de las instituciones de servicios públicos aún se da, en algunos casos, y para ello necesitamos trabajar en protocolos específicos, ajustar lo que tenemos y fortalecer el sistema de protección.
Esto, por un lado; por el otro, la Corte-IDH ha hecho un análisis sobre nuestra tipificación de violación en particular y la tipificación de estupro. Cuando hacen una evaluación sobre el tipo penal de violación, lo que dicen es que nuestro Código Penal básicamente pone en duda la denuncia de la víctima, al pretender que esta demuestre que no quería ser vejada y eso ya es atentatorio.
Además, nuestro actual código pide que (la víctima) demuestre que ha puesto resistencia, en términos coloquiales, que vaya moribunda y que demuestre que ha hecho todo lo que ha podido para no ser violada.
Esto también pasaba en otros Estados, pero ya se superó, menos en Bolivia. Ahora, lo que nos pide la Corte-IDH es que modifiquen su tipo penal de violación, donde la falta de consentimiento de la víctima sea suficiente para la configuración del delito de violación, como sucede en todas las regiones y como establecen los convenios internacionales.
Si una mujer dice “No quiero tener relaciones sexuales”, nadie puede obligarla. Entonces, es un cambio central que nos pide la corte.
En el caso del incesto, este delito no está tipificado aún y pareciera que hay una permisibilidad del incesto en la tipificación boliviana, pero la violación es un grave delito; según las condiciones, puede ser de lesa humanidad.
Entonces, la Corte dice que se incorpore el incesto como delito, además de que se cambie el estupro para que todo sea procesado por el tipo penal de violación.
—Esto está plasmado en el proyecto 010, que está en Diputados, pero hasta el momento no se ha aprobado, pese a que estuvo en agenda en varias ocasiones. ¿A qué atribuye que no se aprueben este tipo de leyes?
—Sí, el proyecto se fusionó con el del Senado, que aprobó un proyecto similar al que remitió el Ejecutivo, pero le faltaban algunos elementos, como el derecho a la verdad.
Ahí (en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados) se logró hacer una mesa de diálogo y se fusionó con la última versión del Gobierno nacional.
El porqué no se ha aprobado, creo que existe un desinterés de los legisladores en aprobar leyes de políticas sociales, leyes en favor de la población vulnerable.
No creo que exista un interés en particular sobre esta ley. De hecho, también está paralizado el proyecto de ley de asistencia familiar, este no llegó al pleno (Diputados).
No sé por qué no lo hacen, tal vez porque en la Asamblea hay muchos deudores.
—Si se llega a aprobar, ¿Bolivia estaría cumpliendo con la sentencia de la Corte-IDH?
Sí, cumpliría; pero creo que hay un desinterés en aprobar leyes, no solo económicas, también sociales.
—¿El proyecto de Ley 010 corre el peligro de ser archivado? Esto porque falta poco para que concluya la gestión de la actual legislatura en la Asamblea.
—Sí, corre el peligro de ser archivado, pero si es así, lo vamos a volver a desarchivar.
Pero hay otro proyecto que está archivado, es de fortalecimiento a la 348 (ley para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres). Está archivado hace dos años. Por eso, no veo un interés en particular, sino un desinterés.
—Considerando la vulnerabilidad que enfrentan la niñez y adolescencia por los casos de abuso que se reportan frecuentemente por la Fiscalía y otras instancias estatales, ¿cómo se están fortaleciendo los mecanismos de prevención desde el Estado?
—Bolivia tiene dos sistemas grandes de protección, uno es de niñez y adolescencia, en el marco de la 548 (Código Niño, Niña y Adolescencia), y el otro sistema tiene que ver con todo lo que es violencia, en el marco de la 348. Estos dos tienen una similitud, en ambos se plantea una articulación en los diferentes niveles del Estado: municipal, departamental y nacional. Además, incluye a otros órganos de poder y a otras instancias que también coadyuvan en esta área de protección a víctimas.
En esta instancia, una de las más conocidas y que tiene un papel central son las defensorías de la niñez y adolescencia. Estas defensorías deberían funcionar de forma autónoma, con equipos multidisciplinarios, especialistas y con una suerte de sostenibilidad a lo largo del tiempo.
Esto en la realidad no pasa, la mayor parte de los servicios son fusionados a los servicios legales integrales municipales y, en este caso, los municipios suelen contratar un solo equipo para género y niñez y adolescencia, que no es suficiente, pero es lo que actualmente está funcionando.
Por otro lado, tenemos el área de protección, y estas se diferencian en distintos niveles del Estado. Por ejemplo, la 548 establece que los municipios, por un lado, los departamentales, además del nacional y de ministerios, tienen tareas específicas de niñez y adolescencia, también en razón de género.
Lastimosamente, en estos últimos años muchas de estas tareas se han subsumado a talleres, ferias, publicación de material para distribución que no llega a toda la población. Hasta ahí llega su alcance, no hemos tenido una acción sostenida o una evaluación de impacto en los resultados en los últimos 10 años.
Entonces, esta es la situación actual, hay marco legal, hay políticas públicas, hay protocolos específicos, mesas de articulación interinstitucional; eso sí se realizó, pero esto es insuficiente ante las denuncias que llegan y ante la realidad que en muchos casos está sobrepasando la capacidad institucional y la capacidad resolutiva de atención.
Ahora, una de las primeras medidas que estamos asumiendo desde el Ministerio de Justicia es la articulación de un sistema de protección que se establece en el Código Niño, Niña y Adolescente.
Este es un sistema de protección integral de la niñez y adolescencia.
Por otro lado, hemos creado un modelo de gestión de redes locales, esto tomando en cuenta los conglomerados municipales y las mancomunidades municipales. En este punto, esta idea de conglomerado municipal la asumimos como una idea de red.
Estas redes integran municipios, departamentos, el nivel central como entes rectores y también involucra a otras instituciones, como la Fiscalía, Policía y sistema judicial, centros de salud y unidades educativas. Estas instituciones están articuladas de una forma en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad a la violencia, pero también donde hay una responsabilidad competencial.
Este modelo de gestión de redes locales nos está permitiendo avanzar en la articulación desde lo local hasta lo nacional. Esto está todavía en curso, está dando los primeros pasos.
En este momento ya tenemos nueve redes a nivel nacional, en total, y otras 10 redes locales más, en proyección.
Además, este año, estamos terminando el diagnóstico de los 339 municipios. Ya tendríamos el mapeo nacional y con eso, la siguiente proyección para el resto de redes en todo el territorio nacional. Esto va a ser un paso importante.
Por otro lado, no tenemos información real de datos de violencia. En este momento, los únicos datos de violencia o sobre delitos contra la niñez, adolescencia o mujeres los reporta el Ministerio Público, pero el ministerio solo tiene asiento fiscal en 106 municipios. Es decir, en menos de un tercio del territorio nacional.
—Entonces, ¿todo este conjunto de sistemas y la red van a permitir que Bolivia tenga datos reales en cuanto a la situación de violencia que pasa la niñez?, ¿y cuándo se conocerán los primeros datos?
—Totalmente. En este caso, el sistema cuenta con instrumentos de trabajo para los servidores públicos, cuenta con información sobre qué están denunciando las víctimas con catálogos por tipo de denuncias.
Al margen de los datos que tiene el Ministerio Público, se va a contar con casos diferenciados de la situación que enfrentan; por ejemplo, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, niñas indígenas, migrantes y otros. También de infracciones en unidades educativas.
Esta va a ser la primera solución que estamos dando para fortalecer la respuesta primaria a través de este sistema de protección desde el ámbito municipal. Los datos preliminares estarán el primer trimestre de 2025, y los totales hasta julio o agosto del próximo año.
La Paz/AEP
