Las inspecciones del Consejo de la Magistratura revelaron múltiples irregularidades en el manejo de procesos judiciales, que derivaron en procesos disciplinarios.
El Consejo de la Magistratura identificó 76 casos graves de retardación de justicia e inactividad procesal en juzgados del departamento de Santa Cruz, luego de una serie de inspecciones realizadas por la Unidad de Control y Fiscalización.
Como resultado, 20 jueces serán procesados disciplinariamente por su presunta responsabilidad en estas irregularidades, informó el consejero Carlos Spencer.
La autoridad explicó que el informe preliminar cubre el 70% de las inspecciones planificadas y responde a las constantes denuncias ciudadanas por mora procesal.
“Estas inspecciones obedecen a un mandato claro: garantizar a la ciudadanía una justicia pronta y cumplida. La retardación no es solo una falta administrativa, es una vulneración directa de los derechos de las personas”, señaló Spencer.
Los casos detectados incluyen procesos judiciales paralizados sin justificación, demoras excesivas en la emisión de resoluciones y negligencia en el seguimiento de causas.
“Existen faltas leves, graves y gravísimas. Aproximadamente 20 jueces serán procesados disciplinariamente por estos hechos”, agregó el consejero, al precisar que las sanciones podrían derivar en suspensiones o destituciones, según la gravedad.
El Consejo de la Magistratura adelantó que los casos graves serán tratados “con la máxima celeridad y rigor”, aplicando todo el peso del régimen disciplinario vigente. Además, el organismo judicial busca establecer mecanismos de control permanente para evitar la repetición de prácticas que afectan la credibilidad del sistema judicial.
Spencer anunció que el proceso de verificación continuará en los restantes juzgados del departamento cruceño y que, una vez concluidas las inspecciones, se presentará un informe general con los resultados finales.
“Nuestro compromiso es transparentar el trabajo judicial y sancionar con firmeza cualquier conducta que atente contra el derecho de los ciudadanos a una justicia eficiente”, concluyó.
AEP
