La entidad defensorial plantea que el equipo médico que valore a Camacho esté conformado por galenos de su confianza y de Régimen Penitenciario.
La Paz, 27 de julio de 2023 (AEP-Digital).- Mediante una carta enviada al director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, la Defensoría del Pueblo planteó este jueves la conformación de una junta médica que evalúe el estado de salud físico y mental del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien guarda detención preventiva en el centro penitenciario de Chonchocoro, en La Paz.
“En merito a las expresiones de preocupación sobre el deterioro del estado de salud de Luis Femando Camacho Vaca y las denuncias públicas de su abogado particular, señalando que solicitaron evaluaciones médicas especializadas en reiteradas ocasiones, pero que todas fueron negadas hasta el momento; solicitamos a su autoridad propicie una junta médica en relación al estado de salud física y mental de la persona privada de libertad”, señala la misiva, suscrita por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, enviada el 26 de julio.
La pasada semana se hicieron públicas imágenes de Camacho, extractadas de una audiencia judicial, en las que se lo ve con un semblante que generó preocupación en la opinión pública, habida cuenta que el privado de libertad tiene enfermedades de base que requieren atención médica y un tratamiento sostenido, según informó la familia.
En ese sentido, la nota oficial de la Defensoría del Pueblo solicita que dicha junta sea conformada por especialistas de Régimen Penitenciario y médicos de confianza de la familia Camacho, todo con el objetivo de que, de manera urgente, cuente con una atención médica integral y especializada.
Esta iniciativa defensorial, también se replica al caso del privado de libertad César Apaza, para quien también se solicitó la atención médica integral, en virtud a que su salud se encuentra debilitada.
Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 por el caso denominado Golpe de Estado I, vinculado a las protestas en el país en noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la asunción de la exdiputada de oposición Jeanine Áñez, quien por este motivo fue condenada a 10 años de prisión y enfrenta otros juicios penales.
