Se aprobó un amplio paquete de propuestas que constituyen la base para una transformación profunda e impostergable del sistema de justicia en Bolivia.
El Primer Diálogo por la Reforma Judicial concluyó ayer con un pedido unánime de los participantes de la Mesa 1: la suspensión inmediata de los magistrados autoprorrogados.
La demanda se suma a un paquete amplio de propuestas que, según los especialistas y autoridades presentes, constituye la base para una transformación profunda e impostergable del sistema judicial en Bolivia.
“Pedir la inmediata suspensión del cargo de todos los autoprorrogados”, establece de manera expresa una de las conclusiones aprobadas en la Mesa 1.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que las cuatro mesas temáticas —normativa, presupuesto, modernización tecnológica y carrera judicial— coincidieron en la urgencia de encarar reformas de fondo, elaborar nuevos marcos normativos, modernizar la infraestructura tecnológica y garantizar financiamiento adecuado para recuperar la independencia y la institucionalidad judicial.
“Es visible la necesidad de modificaciones estructurales a la Constitución Política del Estado. Aunque ello es una tarea a largo plazo, solo una reforma profunda de la Constitución y de la Ley del Órgano Judicial permitirá lograr una independencia real, con un presupuesto acorde a la realidad del sistema”, afirmó al presentar las conclusiones.
Entre las propuestas centrales se planteó crear un Procedimiento Agroambiental, revisar integralmente la Ley de Deslinde Jurisdiccional, actualizar el Código Civil y consolidar un Código Único del Sistema Penal como parte de una reforma penal integral. También se recomendaron ajustes normativos en materia laboral y social “para garantizar celeridad, oportunidad y especialidad”.
FINANCIAMIENTO
La Mesa de Presupuesto propuso que el Órgano Judicial reciba un financiamiento mínimo del 5% del Tesoro General de la Nación (TGN), con el fin de asegurar su independencia institucional. “Esta asignación deberá ser aprobada mediante ley”, explicó Saucedo, quien adelantó que se presentó un borrador de proyecto normativo.
Asimismo, se planteó garantizar un presupuesto adicional para la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC). “Hay una deuda histórica con nuestros hermanos de la Jurisdicción Indígena. Tienen igualdad de jerarquía, pero no se les ha brindado condiciones para ejercer su administración jurisdiccional”, lamentó.
El debate incluyó, además, la incorporación de normas ISO de calidad para certificar internacionalmente los procesos judiciales.
MODERNIZACIÓN
La Mesa de Modernización Tecnológica expuso la necesidad urgente de crear una unidad nacional especializada en justicia digital y unificar los sistemas informáticos del Órgano Judicial. “Hoy existen más de 50 sistemas operativos que terminan siendo una traba para los administradores de justicia”, se observó en el informe.
En cuanto a la Carrera Judicial, se planteó la aprobación de una Ley de Carrera Judicial Vertical que permita ascensos basados exclusivamente en méritos. “Que los secretarios puedan ascender a jueces, los jueces a vocales y los vocales a magistrados”, explicó Saucedo, enfatizando la necesidad de promover una promoción natural, meritocrática y transparente.
También se propuso fortalecer los mecanismos de ingreso a la carrera judicial tanto por convocatoria ordinaria —mediante la Escuela de Jueces del Estado— como por vía extraordinaria, con evaluaciones rigurosas y públicas. La evaluación del desempeño deberá ser reglamentada por ley para definir con claridad quién evalúa, qué, cómo, cuándo y con qué efectos, garantizando incentivos, permanencia y responsabilidades disciplinarias.
El escalafón judicial también deberá fortalecerse a través de criterios de antigüedad, méritos, capacitación y desempeño.
Durante la clausura, se informó que la magistrada Amalia Laura Vilca, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), presentó un proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), orientado a establecer un Régimen Transitorio del Tribunal Constitucional.
AEP
