Las municiones llegaron de Ecuador y el caso se hizo público en 2020, luego de que apareciera una carta que pedía su devolución.
Exjefes militares y policiales participaron en la Inspección Técnica Ocular (ITO), que es parte de las investigaciones sobre el traslado desde Ecuador de materiales de represión durante la crisis de 2019. La inspección se desarrolló en el Palacio Quemado.
“Estamos desarrollando una actividad más, en el caso particular (de ayer) hemos concluido con la Inspección Técnica Ocular, se ha desarrollado con todas las partes”, informó el fiscal del caso, Vladimir Bolívar, sobre la internación de gases lacrimógenos y material antidisturbios para respaldar al gobierno de facto de Jeanine Áñez.
El excoronel de la Policía Rodolfo Montero y otros implicados participaron de la actuación fiscal.
“Estamos en la fase investiga preparatoria, estamos en la colección de los elementos que nos permitan emitir un requerimiento conclusivo objetivo”, explicó el fiscal.
Bolívar calificó de “complejo” el caso por la cantidad de personas investigadas y recordó que se tienen a ocho involucrados con detención preventiva.
Además de tres exautoridades prófugas y declaradas en rebeldía, resultaron implicados los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Comunicación, Roxana Lizárraga, y de Defensa, Luis Fernando López.
De acuerdo con la Fiscalía, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre Lizárraga, Murillo, López, Áñez y otros, se tomó contacto con las entonces autoridades de Ecuador y se acordó el envío de armamento.
Según la investigación, ingresaron ilegalmente 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía rompieron un cerco a la planta de hidrocarburos de Senkata, en la ciudad de El Alto, con un saldo de 11 muertos y al menos 78 heridos por impactos de bala. Cuatro días antes, el 15, se dio un accionar similar con 10 muertos por impactos de bala.
La internación de los materiales se develó el 27 de mayo de 2020, cuando se conoció una carta a través de la cual Ecuador pedía la devolución del material prestado.
