Otra de las prioridades es reducir los accidentes de tránsito y ampliar las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
La Paz, 27 de abril de 2024 (AEP). – En esta gestión se tiene programado fortalecer los servicios de búsqueda de personas desaparecidas, reducir los accidentes de tránsito y ampliar las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en el eje de Bolivia, aseguró el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
“Nos hemos trazado el compromiso de fortalecer el marco normativo en materia de seguridad ciudadana orientado a mejorar los servicios de búsqueda de personas desaparecidas y reducir los accidentes de tránsito”, explicó en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2024 del Ministerio de Gobierno.
Se tiene previsto elaborar un anteproyecto de ley de búsqueda y localización de personas desaparecidas, en un proceso de diálogo y concertación con la sociedad.
Paralelamente se actualizará el sistema Juliana de búsqueda y localización de personas desaparecidas. “Lo haremos mediante la implementación de estados digitales de empresas privadas de vigilancia. Haremos la actualización para los celulares de IOS y Android”, adelantó.
También se tiene previsto actualizar la normativa sobre seguridad vial, teniendo en cuenta las elevadas cifras de accidentes de tránsito. Además se elaborará un manual de manejo defensivo, conducción segura y prevención de accidentes, acompañados de campañas y talleres de capacitación dirigidos a más de 10 mil conductores del servicio público.
Los feminicidios llegaron en lo que va del año a 26, mientras los delitos de violencia intrafamiliar y contra la mujer tienen porcentajes elevados. Justamente para atender a las víctimas se ampliarán y modernizarán las instalaciones de las FELCV en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, porque el 70% de los delitos que se presentan están concentrados en estas tres ciudades.
Ríos adelantó también la creación de una plataforma orientada a la capacitación y especialización en trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, dirigida no solo a servidores públicos, sino también a padres de familia.
