Todo apunta a la gestión de Jeanine Añez, así como la de su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, además de sus ministros de Gobierno.
La Paz, 13 de mayo de 2024 (AEP). – Las gestiones para el préstamo de gases lacrimógenos de Ecuador a Bolivia son poco claras y generan polémica entre los países involucrados que iniciaron investigaciones, por separado, para esclarecer lo que sucedió en 2019 durante los conflictos poselectorales luego de la renuncia a la presidencia de Evo Morales.
Todo apunta a la gestión de Jeanine Añez, así como la de su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, además de sus ministros de Gobierno.
Álvaro Del Pozo
El analista internacional Álvaro del Pozo, entrevistado por medios de prensa local y redes sociales, ve al menos tres irregularidades en este proceso. Se refirió a la falta de formalidad, el vacío legal para las negociaciones y un posible delito.
La Policía de Ecuador solicitó, a través de un documento oficial del Ministerio de Gobierno del Ecuador con fecha 27 de mayo de 2020, la devolución de 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM, según ABI.
A partir de este requerimiento a Bolivia se destaparon detalles sobre el proceso que se siguió para acceder a este material que llegó al país en un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, adelantó que se buscará verificar si existe normativa legal para avalar este tipo de préstamos “de armamento de guerra”.
En ese entonces, el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, indicó que la versión de este préstamo surge por las declaraciones de exfuncionarios procesados por la compra de gases con presunto sobreprecio, por lo cual el exministro Arturo Murillo fue denunciado y se encuentra actualmente detenido en EEUU.
La Fiscalía también convocó a los exmiembros del gabinete de Añez para responder por la firma de decretos para autorizar y disponer del presupuesto para la compra de estos materiales.
El caso
A principios de junio, el abogado de los procesados por este caso, Gary Prado, aseguró, citado por Innovapress, que Murillo presionó y gestionó, mediante el Ministerio de Defensa, el préstamo mientras se hacía la compra. Dijo desconocer en qué cantidad llegaron esos equipos militares, pero develó que sumaban alrededor de Bs 9 millones en gases, perdigones y equipos de protección de efectivos.
El exministro de Desarrollo Rural Samuel Ordóñez, en su declaración informativa ante la Fiscalía, involucró a la extitular de Comunicación Roxana Lizárraga en el préstamo junto con Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Goni.
Según explicó, el 14 de noviembre de 2019, en una reunión del gabinete, en medio del conflicto social que se concentró en la planta de Senkata (La Paz), la exministra se retiró por unos minutos para hacer una llamada telefónica y luego avisó que había conseguido los gases lacrimógenos de Ecuador.
En ese momento, el Alto Mando Militar y Policial informó que estaba desabastecido de material de protección y no letal desde la gestión del expresidente Morales y que los tiempos para adquirirlos son de entre 10 y 20 días, cumpliendo la normativa vigente.
Continuó señalando que, luego de un debate, Añez, Lizárraga, Murillo y López (exministro de Defensa) salieron de la sala con el alto mando policial y militar para conocer cuál era el requerimiento y al volver informaron que se debía enviar un avión de la FAB lo antes posible para el recojo.
La extitular de Comunicación negó las acusaciones en su contra “como parte de la propaganda que trata de lavar la cara del gran fraude 2019” y pone en duda que Ordóñez se haya “prestado a semejante mentira”.
La situación
Para Del Pozo, este tipo de negociaciones deberían ser más formales y existir un instrumento legal más específico, tomando en cuenta que las relaciones bilaterales se rigen por convenios o tratados de cooperación.
Entiende que cuando se trata de armas letales hay una regulación, pero en este caso no es así, lo que deja un vacío legal. Considera que debería haber protocolos adicionales o memoriales de entendimiento, es decir mecanismos acordes.
“Bolivia tiene su propia ley, y estos procesos no se realizan entre instituciones, no sería una cosa muy normal. La Policía y las Fuerzas Armadas, política y administrativamente, dependen de una autoridad, en este caso del Ministerio de Gobierno y de Defensa. Debe haber una formalidad o aval para esto”, explicó.
Considera que un préstamo en la categorización de no letales puede ser motivado por la coyuntura política, pero, en otros casos, se requieren convenios y aprobación de congresos, por lo que hay una diferencia.
“Hay decisiones políticas de solidaridad, de cortesía o, como en este caso, en el marco de las relaciones entre dos países. Se puede inscribir en una política de diálogo”, agregó.
Para el experto, se deberían tener ciertos conductos más allá de lo que la normativa lo permite. También recordó que la única instancia llamada por ley para estos trámites es la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) y las embajadas.
“No es extraño que algunos ministerios gestionen directamente estos niveles de cooperación, eso no le hace bien al país. La Cancillería queda al margen o fuera de juego de la relación con sus similares cuando debería tener conocimiento absoluto y centralizar estos procesos. Llama la atención si no cumplen los protocolos o convenios”, sostuvo.
Las leyes
Las relaciones bilaterales se basan en acuerdos diplomáticos, así como las normas de cada país.
Bolivia se enmarca en la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, que tiene por objeto normar, regular y controlar la importación, exportación, internación temporal, donación, transporte y otras actividades en el marco de la Seguridad y Defensa del Estado y de la Seguridad Ciudadana, así como la Constitución Política del Estado (CPE).
En el artículo 255 del texto constitucional se determina que la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales “se regirá por los principios, entre otros, de independencia e igualdad entre los Estados, no intervención en asuntos internos y solución pacífica de los conflictos; y rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo”.
En el artículo 258 señala que los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por la ley.
Por otro lado, la Ley 401 de celebración de tratados tiene por objeto establecer el procedimiento para la celebración de tratados internacionales por el Estado Plurinacional de Bolivia para la gestión y ejecución de recursos de donación y crédito público.
Exjefe de Gabinete de Arturo Murillo fue enviado a San Pedro
Sergio Méndez fue aprehendido a su arribo al país.
Sergio Méndez, el exjefe de Gabinete de Arturo Murillo, recientemente extraditado de EEUU, fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal paceño de San Pedro, por supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas dentro del caso denominado Gases Lacrimógenos.
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que, en audiencia de medidas cautelares, se fundamentó con elementos de convicción suficientes que Sergio Méndez es con probabilidad autor del delito de legitimación de ganancias ilícitas, que habría cometido cuando era jefe de Gabinete del exministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Legitimación de ganancias
Durante ese tiempo habría participado en la legitimación de recursos económicos provenientes de la presunta compra, con sobreprecio, de gases lacrimógenos para la Policía entre 2019 y 2020, por ello, el Juzgado Tercero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de La Paz dispuso la detención preventiva por el plazo de seis meses a cumplir en el penal de San Pedro, según informó la Fiscalía en un boletín de prensa.
“Durante la audiencia, la fiscal asignada al caso expuso las 199 pruebas obtenidas durante la investigación como declaraciones testificales, muestrario fotográfico de las cajas de seguridad en los bancos, registro del lugar, informes de transferencias y movimientos bancarios, entre otros que hacen presumir la participación del acusado en el hecho.
Además se demostró que concurren los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, aspectos que fueron tomados en cuenta por el juez para determinar la detención preventiva del exfuncionario de gobierno”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura.
Los antecedentes
De acuerdo a los antecedentes, el caso se inició en contra del exministro de Gobierno Arturo M. P. y otras 11 personas, entre ellas su exjefe de gabinete y luego de realizar la etapa preparatoria de la investigación se emitió la imputación formal que fue presentada ante la autoridad jurisdiccional que señaló audiencia de medidas cautelares en la que el imputado Sergio R. M. M. no se apersonó ni se presentó en el proceso, por ello el juez lo declaró rebelde el 8 de agosto de 2023 y, posteriormente, emitió el mandamiento de aprehensión que fue ejecutado la mañana del 3 de abril de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, cuando llegó a la ciudad de Santa Cruz desde los Estados Unidos
Luego de ser aprehendido, el acusado fue trasladado a la ciudad de La Paz y en las últimas horas se desarrolló la audiencia de medidas cautelares, donde se determinó su detención preventiva para garantizar el desarrollo del proceso.
Empresa Cóndor ofreció gases lacrimógenos a $us 12 a Ecuador, Bolivia pagó $us 37
Los gases lacrimógenos que llegaron a Bolivia desde Ecuador.
La empresa brasileña de armas no letales Cóndor ofreció al Gobierno de Ecuador un precio de 12 dólares por la venta de cada cartucho de gas lacrimógeno de 37mm/38mm en diciembre de 2019. El Gobierno de Bolivia pagó 37 dólares por los mismos productos ese mismo mes.
Según el proceso de licitación de compra de esos agentes químicos del Gobierno ecuatoriano, que está disponible en internet, Cóndor y otras tres empresas internacionales ofrecieron precios similares por los gases, que varían entre 12 y 14 dólares por el mencionado calibre de 37mm/38mm, de corto y largo alcance. El periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, informó sobre el hecho.
El ministro de Defensa de Bolivia, Fernando López, rechazó que hubiera habido sobreprecio en la compra y puso como argumento que el Gobierno compró cartuchos de 430 gramos de pólvora y que los que Venezuela adquirió son 225 gramos de pólvora.
Sin embargo, en el contrato de compra-venta firmado por López con la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions no se menciona ese aspecto y solo se da, como característica de los gases, que sean de 37mm/38mm, de largo y corto alcance, iguales a los vendidos a Ecuador y Venezuela.
En el proceso de licitación ecuatoriano, cuatro de las cinco empresas proponentes ofrecieron precios por debajo de 15 dólares por la venta de esos cartuchos, es decir por lo menos un 55% más bajo que el monto pagado en promedio por el Ministerio de Defensa (37 dólares).
Todo el contrato con la empresa intermediaria Bravo, que incluye balines y otros productos, asciende a 39 millones de bolivianos. En los 100.000 gases lacrimógenos adquiridos se gastaron 26 millones de bolivianos (3,7 millones de dólares). Si se hubieran comprado esos productos a precios similares que la empresa Cóndor ofreció a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, se hubieran erogado solamente entre 1,2 y 1,6 millones de dólares, es decir entre 2,1 y 2,5 millones de dólares menos.
