La próxima semana tendrán lugar reuniones de trabajo para diseñar la estrategia de cumplimiento.
La Paz, 06 de noviembre de 2023 (AEP). – El procurador del Estado, César Siles, aseguró ayer que Bolivia cumplirá con la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ante una demanda planteada por Perú.
“Vamos a cumplir la sentencia, tenemos que cumplirla; si bien podemos presentar todavía una revisión extraordinaria de sentencia, consideramos, por todos los análisis que se realizaron, que corresponde cumplir esa sentencia”, sostuvo en conferencia de prensa.
El 28 de julio, el TJCA falló a favor de Perú en la demanda que presentó en contra de Bolivia al considerar que la regulación del país, del sector hidrocarburos, que establece que los transportistas que circulan por el territorio boliviano con vehículos que tienen placa andina (colombiana, ecuatoriana o peruana) pagan por los combustibles un precio mayor que los transportistas que circulan con placa nacional (boliviana), vulnera los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia contemplados en la normativa andina de transporte internacional de pasajeros y de carga, así como infringe el artículo 36 de la Ley andina de defensa de la libre competencia por los mayores cobros a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en su territorio con placa extranjera.
El tribunal de la CAN hizo conocer su decisión a través de un comunicado.
El cumplimiento de la sentencia involucra modificaciones normativas y reuniones con los ministerios y las instituciones cabeza de sector, explicó Siles.
“Hemos convocado para la próxima semana, como Procuraduría, a los ministerios e instituciones competentes para empezar a trabajar en este plazo de tiempo la estrategia de cumplimiento que va a implicar, reitero, modificaciones normativas”, apuntó.
Según el fallo judicial, si la sentencia no se ejecuta dentro del plazo de 90 días, contando a partir del día de su notificación, el TJCA, de oficio o a petición de parte, puede iniciar un procedimiento sumario con el objetivo de determinar si se ha incurrido o no en desacato de la sentencia.
El primer paso, según Siles, será modificar la legislación interna en función al ordenamiento jurídico comunitario para no incurrir en disposiciones contrarias.
