El ministro Edmundo Novillo negó persecución política y dijo que la justicia está deteniendo a personas responsables de la pérdida de vidas humanas.
La Paz, 21 de octubre de 2023 (AEP).- El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, sostuvo ayer que serán las investigaciones del Ministerio Público las que determinarán el grado de responsabilidad de los cinco imputados en el caso denominado 36 días de paro en Santa Cruz.
“El Ministerio Público lleva adelante la investigación para establecer las responsabilidades de todas aquellas personas involucradas. Será el proceso de investigación y los elementos probatorios, que se lleguen a colectar en este periodo, los que puedan demostrar la responsabilidad de las personas imputadas”, dijo.
La Fiscalía presentó la resolución de ampliación de imputación formal en contra del expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar; el vicerrector Reinerio Vargas; y el exasesor legal del Comité Interinstitucional José Luis Santistevan, porque fueron los promotores del violento paro cívico en 2022.
El proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.
Los imputados son investigados por la presunta comisión de los delitos de “terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, perturbaciones” luego de convocar a un paro indefinido exigiendo un censo para 2023.
Al respecto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que ante las muertes ocurridas en el paro de 36 días por parte de cívicos cruceños, no es que se haga una persecución política, sino que simplemente la justicia está deteniendo a los responsables por las pérdidas de vidas humanas que ocurrieron durante esos sucesos.
“Las protestas están garantizadas por la Constitución, pero cuando estas ya vulneran los derechos de los ciudadanos, mucho más cuando se trata de una muerte, no pueden quedar impunes, hay que investigar”, sostuvo.
Ayer, el dirigente cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodríguez, fue detenido por la muerte de Julio Taborga, un ciudadano que perdió la vida el primer día del paro cívico cruceño, el 22 de octubre de 2022.
